La Corte Suprema dejo firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar parte de la ley de financiamiento universitario. El tribunal rechazo el recurso oficial por falta de sentencia definitiva y mantuvo la vigencia de la actualizacion salarial y la recomposicion de programas estudiantiles.

La decision alcanza a los articulos que establecen la actualizacion de salarios docentes y no docentes y la recomposicion de programas para estudiantes, mientras sigue en tramite la discusion de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que limitaba la aplicacion de la ley.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la presentacion del Estado y sostuvieron la medida dictada en instancias anteriores.

La causa se inicio por un amparo impulsado por universidades nacionales que cuestionaron el decreto del Ejecutivo. La Justicia ya habia advertido que no aplicar la ley podia generar un deterioro salarial y afectar el derecho a la educacion.

Aunque la resolucion no tiene impacto economico inmediato porque ya habia un acuerdo previo de actualizacion, refuerza la validez de la ley mientras continua el proceso judicial.