El Gobierno nacional sumó un nuevo aval judicial en su enfrentamiento con la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de que la jueza federal Macarena Marra Giménez dejara sin efecto la medida cautelar que frenaba la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

La decisión implica que la denominada “Modernización Laboral” recupere plena vigencia, en medio de una fuerte disputa judicial que aún no está cerrada y que incluye cuestionamientos sobre qué fuero debe intervenir en la causa.

El conflicto se remonta a fines de marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda dictó una cautelar que suspendía gran parte de la reforma, dando lugar a un planteo impulsado por la CGT. Desde entonces, el Gobierno buscó trasladar la discusión al fuero contencioso-administrativo, donde considera tener mejores condiciones para defender su postura.

En ese marco, Marra Giménez ya había fallado a favor del Ejecutivo al declararse competente para intervenir en el caso y solicitar la remisión del expediente. Esa decisión fue respaldada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, mientras que la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo también favoreció indirectamente al Gobierno al suspender los efectos de la cautelar sin expedirse sobre su legalidad.

El reciente fallo de la jueza profundiza ese escenario, al considerar que no corresponde mantener una medida cautelar en un caso de tal complejidad. Según argumentó, el planteo de inconstitucionalidad presentado por la CGT requiere un análisis profundo que no puede resolverse de manera preliminar sin anticipar una decisión de fondo.

“El planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar sin riesgo de adelantar opinión”, sostuvo la magistrada en su resolución.

En paralelo, la disputa judicial continúa abierta. La CGT recusó a integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, lo que podría derivar en nuevos movimientos en la definición de la competencia entre fueros.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno para acelerar la resolución del caso. Sin embargo, esa decisión no afectó los intereses del Ejecutivo, que ya logró que la reforma vuelva a estar en vigencia.

El escenario se completa con señales políticas desde el propio Poder Judicial. Días atrás, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, cuestionó la judicialización de la política económica, en un mensaje que fue interpretado en ámbitos judiciales como un guiño hacia el Gobierno.

Así, la disputa por la reforma laboral se mantiene como un frente abierto, con avances favorables para la Casa Rosada pero con un desenlace aún incierto en los tribunales.