La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, entre ellos el incremento salarial para docentes y no docentes, la convocatoria a paritarias y el aumento del presupuesto destinado a becas.
La decisión fue adoptada al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había confirmado la cautelar dictada en primera instancia.
Con este fallo, el máximo tribunal mantiene vigente la orden de actualizar los salarios universitarios desde diciembre de 2023 y reforzar las becas Progresar, tal como establece la ley aprobada por el Congreso en agosto de 2025.
Diferencias con el acuerdo alcanzado con el Gobierno
La resolución judicial llega semanas después del acuerdo firmado entre el Gobierno, los gremios universitarios y los rectores, que contempló una recomposición salarial del 24,33% y aumentos en los gastos de funcionamiento y en las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, las universidades sostienen que ese entendimiento no reemplaza el cumplimiento de la ley, ya que la norma prevé una recuperación salarial mayor y el incremento de las Becas Progresar, beneficios que no fueron incluidos en el acuerdo.
Tras conocerse el fallo, los gremios universitarios anticiparon que reclamarán una recomposición salarial del 32,5%, conforme a los alcances de la legislación vigente.
La Corte rechazó el planteo del Gobierno
El máximo tribunal consideró que el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo no se dirigía contra una sentencia definitiva, por lo que resolvió rechazarlo y dejar firme la medida cautelar.
Además, también desestimó el pedido del Gobierno para apartar del caso a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por su condición de docentes universitarios.
Mientras tanto, el fondo de la causa continúa en trámite ante el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien deberá resolver si es constitucional el decreto presidencial que suspendió la aplicación de la ley.
Reacciones del sector universitario
Tras la decisión de la Corte, autoridades universitarias, gremios y representantes estudiantiles celebraron el fallo.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, afirmó que la resolución representa “un gran paso” y sostuvo que ahora deberán actualizarse salarios y becas conforme a lo establecido en la ley.
Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aseguró que la Corte “reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario” y destacó el acompañamiento social en defensa de la universidad pública.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) también consideraron el fallo como un reconocimiento a la movilización de estudiantes, docentes y no docentes. No obstante, advirtieron que el conflicto continuará mientras persista el deterioro salarial y las Becas Progresar permanezcan sin actualización.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Si bien fue vetada por el presidente Javier Milei, el Congreso insistió con su sanción y convirtió la norma en ley. Posteriormente, el Ejecutivo argumentó que no podía aplicarla por falta de financiamiento, lo que dio origen al conflicto judicial que ahora obtuvo un nuevo respaldo por parte de la Corte Suprema.
