El arquitecto y desarrollador inmobiliario Gastón Grand analizó los anuncios de los gobiernos provincial y nacional vinculados a nuevas herramientas de financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas. Valoró que el Estado tome intervención ante la crisis habitacional y el freno que atraviesa el sector, aunque consideró que las medidas todavía tienen una escala reducida frente a la magnitud de la demanda.

Grand destacó que tanto la Provincia como la Nación estén generando herramientas para dinamizar una actividad que considera clave para la economía. “La buena noticia es que el sector público está tomando la problemática del parate prácticamente absoluto que tiene el sector de la cadena de valor de la construcción”, sostuvo.

Según explicó, la construcción no solo genera empleo, sino que también agrega valor y representa una fuente importante de recaudación para el Estado. En ese sentido, consideró positivo que se pase de una mirada en la que “el mercado tiene que resolver todo” a una mayor participación del sector público.

“EL ANUNCIO PROVINCIAL SE QUEDA ABSOLUTAMENTE CORTO”

Respecto de la nueva línea de créditos anunciada por el Gobierno de Entre Ríos, Grand señaló que existe una necesidad habitacional de aproximadamente 100.000 familias en la provincia, con distintas realidades y necesidades.

El especialista aclaró que no todas las familias requieren necesariamente una vivienda nueva: algunas necesitan refaccionar, ampliar, regularizar una propiedad o realizar construcciones menores.

Frente a esa magnitud, consideró que los primeros 300 créditos anunciados representan una respuesta todavía pequeña. Sin embargo, remarcó que lo importante es que la medida pueda convertirse en el comienzo de una política de mayor escala.

“Si consideramos que el anuncio es el inicio de un camino hacia la posibilidad de darle escala a esta herramienta, entonces es auspicioso”, sostuvo Grand.

PIDEN INCORPORAR A LA CONSTRUCCIÓN A LOS INCENTIVOS FISCALES

Desde el sector de la construcción también plantean la necesidad de revisar la carga impositiva que pesa sobre la actividad.

Grand señaló que un metro cuadrado de construcción nueva realizado por la vía formal, con los correspondientes aportes laborales, elementos de seguridad y demás obligaciones, tiene aproximadamente un 48% de carga impositiva y previsional sobre su valor.

En ese marco, planteó que deberían generarse mecanismos que permitan reducir el peso tributario y, al mismo tiempo, incentivar la actividad formal.

“Si yo quisiera cobrar el 100% de algo de impuestos, pero el 100% de cero es cero”, ejemplificó, al señalar que sin actividad económica tampoco existe recaudación.

El arquitecto consideró que una mayor actividad en la construcción permitiría al Estado recuperar parte de esa recaudación a través del movimiento que genera toda la cadena de valor.

ADVIERTEN SOBRE EL RIESGO DE FOMENTAR LA INFORMALIDAD

Otro de los puntos señalados por Grand fue la necesidad de mantener un equilibrio entre las herramientas de financiamiento público y las obligaciones que deben afrontar las empresas constructoras.

Explicó que los nuevos créditos son préstamos personales destinados a personas que quieren adquirir o mejorar una vivienda y que probablemente contraten arquitectos, albañiles o maestros mayores de obra.

En ese sentido, advirtió que cuando el Estado aporta recursos subsidiados debe existir un mecanismo de control que evite que las herramientas terminen incentivando indirectamente la informalidad.

“Hay que tener cuidado en los equilibrios porque, si no, indirectamente estás fomentando la informalidad y eso es algo que preocupa al sector empresario”, sostuvo.

TAMBIÉN VALORÓ EL ANUNCIO DEL GOBIERNO NACIONAL

Grand también analizó la medida anunciada a nivel nacional para generar financiamiento hipotecario a través del sistema bancario.

Según explicó, la iniciativa busca utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para constituir plazos fijos en distintos bancos y permitir que esas entidades cuenten con financiamiento a plazos más largos para otorgar créditos.

El problema que identificó es el descalce entre los plazos: los bancos captan dinero principalmente a corto plazo, mientras que los créditos hipotecarios se otorgan a 15, 20 o 30 años.

No obstante, nuevamente consideró que la escala inicial es reducida frente al déficit habitacional nacional. Según su estimación, los recursos permitirían generar alrededor de 18.000 créditos, frente a un déficit habitacional cercano a 4 millones de familias.

“Es una gota en el océano”, graficó, aunque insistió en que la iniciativa constituye una señal positiva porque implica que el Estado comienza a formular herramientas para movilizar la economía y dinamizar la construcción.

UNA PROPUESTA PARA DARLE MAYOR ESCALA AL CRÉDITO HIPOTECARIO

Como alternativa de mayor alcance, Grand mencionó el modelo utilizado en Estados Unidos a través de entidades que permiten movilizar el mercado hipotecario.

La propuesta apunta a que los bancos otorguen las hipotecas, las agrupen y puedan generar títulos respaldados por esos créditos, que luego podrían ser adquiridos por fondos de inversión, compañías aseguradoras y otros inversores.

Según explicó, un esquema de esas características permitiría ampliar considerablemente la disponibilidad de financiamiento para la vivienda y generar un mercado hipotecario con mayor profundidad.

Para Grand, las medidas anunciadas tanto por la Provincia como por la Nación son positivas, pero representan apenas un primer paso. El desafío, sostuvo, será lograr que esas herramientas alcancen una escala acorde con la magnitud de la crisis habitacional y permitan reactivar de manera sostenida a la construcción.