El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas en las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, donde se confirmaron despidos y pases a disponibilidad de trabajadores, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de ambos complejos históricos del turismo social.

En los últimos días se registraron desvinculaciones de personal contratado y cambios en la situación laboral de empleados de planta permanente, en el marco de una reestructuración impulsada por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Según fuentes gremiales y medios nacionales, entre 101 y 103 trabajadores fueron afectados por estas medidas.

El impacto fue desigual en cada predio: en Chapadmalal alcanzó a unos 58 empleados, mientras que en Embalse afectó a cerca de 45. Parte del personal fue despedido y otro grupo pasó a situación de disponibilidad administrativa, una figura que permite su eventual reubicación dentro del Estado antes de una posible desvinculación definitiva.

Estas decisiones se enmarcan en cambios más amplios en el esquema de administración de ambos complejos, creados durante el primer peronismo como parte de las políticas de turismo social. En el caso de Chapadmalal, el Ejecutivo confirmó su intención de concesionar el predio por 30 años a operadores privados, con el objetivo de atraer inversiones y reducir los costos de mantenimiento estatal.

Por su parte, el complejo de Embalse, ubicado en Córdoba, fue transferido a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, aunque aún no se definió oficialmente cuál será su destino final. En paralelo, sindicatos y trabajadores denuncian un proceso de vaciamiento y paralización de actividades.

Las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse fueron desarrolladas a partir de fines de la década de 1940 para garantizar el acceso a vacaciones a sectores populares, incluyendo familias trabajadoras, jubilados y estudiantes. Chapadmalal llegó a contar con nueve hoteles y múltiples espacios recreativos, mientras que Embalse se consolidó como uno de los principales polos turísticos estatales del país.

En los últimos años, los programas de turismo social redujeron su alcance y ambos complejos comenzaron a operar de manera parcial hasta quedar prácticamente inactivos. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá recuperar la infraestructura mediante inversión privada, mientras que sectores sindicales y dirigentes reclaman preservar los puestos de trabajo y el valor histórico de estos espacios.