La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó en el Congreso una propuesta para modificar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de garantizar que al menos el 20% de los proveedores de los proyectos aprobados sean de origen nacional.

La iniciativa busca fortalecer la participación de la industria local en las grandes inversiones, promoviendo la incorporación de bienes con valor agregado argentino dentro de los desarrollos alcanzados por el régimen.

Según detalló la entidad en un informe de su Junta Directiva, la propuesta apunta a replicar el porcentaje mínimo de inversión del 20% previsto en el RIGI, pero aplicándolo exclusivamente a proveedores de bienes nacionales, con el fin de evitar que ese cupo se diluya en contrataciones que igualmente se realizarían en el país.

Además, la UIA sugirió implementar esquemas de integración progresiva que permitan incrementar la participación de proveedores locales a medida que avancen las distintas etapas de los proyectos, así como establecer قواعد claras que permitan verificar la disponibilidad y competitividad de la oferta nacional en términos de precio y calidad.

El planteo fue analizado en la sede de la entidad y forma parte de una estrategia más amplia para volver a poner en agenda la situación de la industria, que viene mostrando signos de retroceso en el actual contexto económico.

En ese sentido, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, advirtió que, si bien el país necesita mecanismos para atraer inversiones, el desafío central sigue siendo mejorar las condiciones estructurales en las que opera el sector productivo.

De acuerdo con datos oficiales del primer trimestre, la industria registró una caída del 1,7%, mientras que la economía en su conjunto creció 2,7%, lo que refleja un desempeño dispar entre sectores.

A esto se suma la preocupación empresaria por el impacto de la apertura económica y el atraso cambiario, factores que, según sostienen, afectan la competitividad de la producción local.

En paralelo, los industriales mantienen negociaciones con el Gobierno para reactivar el financiamiento al consumo, con un esquema similar al programa Cuota Simple, y reclaman una reducción de la presión fiscal.

En cuanto al RIGI, las inversiones presentadas ya superan los 133.000 millones de dólares, con un fuerte predominio de proyectos vinculados a la minería y la energía, que concentran más del 99% del total.

Por otra parte, el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), destinado a pymes, aún no se encuentra operativo pese a haber sido reglamentado. La falta de habilitación del sistema por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impide que las empresas accedan a beneficios como la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA.

En este contexto, la UIA insiste en la necesidad de implementar políticas que permitan integrar a la industria nacional en el proceso de inversiones y reactivar la actividad manufacturera.