Representantes de las siete regionales de la CGT de Entre Ríos participaron del debate legislativo sobre la reforma del Código Procesal Laboral y presentaron observaciones a distintos puntos del proyecto. Entre los principales cuestionamientos señalaron posibles dificultades para garantizar el cobro de sentencias, los honorarios de peritos y el acceso a evaluaciones médicas para trabajadores del interior provincial.
La delegación gremial expuso ante las comisiones de Trabajo y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Estuvo encabezada por el secretario general de la CGT Regional Paraná, Jorge “Piry” Ávalos, y contó con la participación de Federico Colominas, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER).
Durante el encuentro, los dirigentes plantearon que las modificaciones deben analizarse teniendo en cuenta las consecuencias concretas que podrían tener para quienes recurren a la Justicia para reclamar sus derechos laborales.
La preocupación por el cobro de las sentencias
Uno de los puntos centrales de la exposición de Colominas estuvo relacionado con la propuesta de eliminar la garantía patrimonial que actualmente debe constituir un empleador condenado para poder apelar una sentencia.
El dirigente reconoció el derecho de las partes a recurrir una resolución judicial, pero advirtió sobre la necesidad de mantener mecanismos que permitan asegurar el pago de una eventual condena.
“Una sentencia que se gana pero después no se puede cobrar pierde buena parte de su valor”, sostuvo. Por eso, reclamó que cualquier modificación contemple una garantía alternativa frente a una posible insolvencia del empleador.
En ese sentido, consideró que modernizar y agilizar la Justicia Laboral puede ser necesario, aunque remarcó que los cambios deben preservar las herramientas de protección de los trabajadores.
Honorarios de peritos y evaluaciones médicas
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la posibilidad de establecer topes rígidos para los honorarios de peritos y auxiliares de justicia.
Colominas advirtió que esa medida podría desalentar la participación de especialistas y afectar la calidad de las pruebas que se presentan en los procesos judiciales.
“Una pericia contable, médica, de higiene o de ingeniería puede ser decisiva para demostrar lo que le ocurrió a un trabajador”, explicó.
También se refirió a la creación de un cuerpo médico especializado en riesgos del trabajo, con sede en Paraná y competencia en toda la provincia. Si bien valoró la posibilidad de contar con profesionales especializados, pidió que la centralización no genere mayores costos, traslados o demoras para quienes residen en localidades del interior.
El pedido de mayor participación sindical
Las regionales de la CGT solicitaron que se profundice el diálogo antes de avanzar con modificaciones en las garantías procesales.
Colominas defendió la participación de las organizaciones sindicales durante el tratamiento legislativo y sostuvo que los trabajadores deben ser escuchados antes de que se definan los cambios.
“Los trabajadores tienen que estar presentes antes de que las decisiones estén tomadas”, manifestó.
Finalmente, aclaró que los planteos no representan un rechazo general a la modernización del sistema judicial, sino un pedido para que las modificaciones no reduzcan las herramientas disponibles para reclamar derechos.
“No estamos en contra de modernizar. Estamos en contra de que, en nombre de la modernización, el trabajador termine perdiendo herramientas para reclamar, probar o cobrar un derecho”, concluyó.
