Desde el sector de las pequeñas y medianas empresas reclaman modificaciones al proyecto de ley de biocombustibles. Advierten sobre el riesgo para los puestos de trabajo, las inversiones y las cadenas productivas, y proponen aumentar el porcentaje de biodiésel incorporado al combustible.

Desarrollo de la noticia

El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) vinculadas a la producción de biocombustibles pidió introducir modificaciones al proyecto de ley que se debate en el Congreso nacional, al advertir que el nuevo régimen podría afectar la continuidad de las plantas productoras, el empleo y las economías regionales. Federico Martelli, representante de la CEPREV, sostuvo que la iniciativa debe contemplar diferencias entre las grandes compañías aceiteras y las empresas de menor escala.

Durante una entrevista, Martelli señaló que el sector genera alrededor de 1.500 puestos de trabajo directos y 8.000 indirectos, a partir de una cadena de valor que incluye transporte, logística, seguridad, laboratorios y otros servicios asociados a la actividad industrial.

El dirigente pidió que los legisladores incorporen cambios que protejan a las pymes sin impedir la aprobación de una nueva normativa. “Nosotros no nos oponemos a que la ley salga, pero queremos que salga con modificaciones que protejan a las pymes”, expresó.

El impacto en las economías regionales

Martelli advirtió que el cierre de una planta de biocombustibles no afecta únicamente a sus trabajadores, sino también al conjunto de las comunidades donde se encuentran instaladas. Según explicó, la actividad genera ingresos para comercios, proveedores y municipios, además de impulsar otras inversiones industriales.

Como ejemplo, mencionó a Bio Nogoyá, en la ciudad entrerriana de Nogoyá, donde funciona una planta de glicerina de grado farmacopea, un subproducto del biodiésel que, según detalló, se exporta en un 90% y se utiliza en industrias como la cosmética, farmacéutica y alimentaria.

En ese sentido, remarcó que la producción de biocombustibles permite agregar valor a la soja y desarrollar actividades complementarias. También advirtió que la pérdida de empleos repercutiría en los ingresos familiares y en la demanda de servicios públicos.

Reclaman condiciones de competencia para las pymes

Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta a las diferencias de escala entre las pequeñas productoras y las grandes empresas aceiteras. Martelli sostuvo que la competencia debe darse entre compañías con capacidades equivalentes y planteó la necesidad de establecer mecanismos de protección para las pymes regionales.

Como antecedente, mencionó el régimen del bioetanol de caña de azúcar, que cuenta con un segmento obligatorio del corte de combustible. Según explicó, ese esquema busca sostener una actividad que, de competir directamente con el bioetanol de maíz sin protección, tendría dificultades para mantenerse.

El representante de la CEPREV afirmó que mantuvieron conversaciones con diputados de distintos espacios políticos y que expuso sus planteos ante la Cámara de Diputados. Según indicó, recibió respuestas favorables de legisladores interesados en conocer el impacto que podría tener la iniciativa sobre las empresas de sus provincias.

Además, manifestó expectativas de que se introduzcan modificaciones durante el tratamiento en comisiones, aunque reconoció las dificultades para alcanzar cambios dentro de los bloques legislativos.

Proponen aumentar el corte de biodiésel

Otro de los planteos del sector es incrementar el porcentaje de biodiésel incorporado al combustible convencional. Martelli indicó que la Argentina cuenta con capacidad instalada para ampliar la producción y destacó que un mayor corte permitiría sustituir parte del diésel importado.

De acuerdo con los datos que brindó durante la entrevista, las grandes aceiteras tienen una capacidad instalada de tres millones de toneladas, mientras que las pymes pueden producir hasta 1,2 millones de toneladas. Con el corte del 10% mencionado en la conversación, sostuvo, la producción alcanzaría ese último volumen.

El dirigente también señaló que una mayor utilización de biocombustibles podría favorecer la producción agrícola, impulsar la superficie sembrada y fortalecer las cadenas de valor vinculadas a la soja, el maíz y la caña de azúcar.

En materia ambiental, afirmó que el uso de biodiésel permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el diésel de origen fósil. Asimismo, consideró que ampliar su participación en la mezcla de combustibles contribuiría a disminuir la dependencia de las importaciones energéticas.

La comparación con Brasil

Martelli contrastó la situación argentina con la de Brasil, donde, según detalló, el corte de biodiésel se encuentra en el 16% y se prevé elevarlo al 20%, mientras que el bioetanol avanzaría al 35%.

También cuestionó la forma en que se elaboró el proyecto argentino, al considerar que se avanzó con rapidez y sin una participación suficiente del sector pyme. En contraposición, describió la legislación brasileña como resultado de un proceso de discusión con sectores productivos, políticos, sociales y académicos.

Finalmente, sostuvo que el desarrollo de los biocombustibles no debería plantearse como una competencia excluyente con la industria petrolera. En su visión, ambas actividades pueden coexistir dentro de una matriz energética diversificada, con oportunidades para las regiones que cuentan con recursos agrícolas.

El reclamo central del sector es que el debate legislativo contemple el impacto económico y social de la reforma y que la nueva normativa permita promover la competencia sin poner en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas.