La ejecución de la condena por el denominado “megajuicio” por corrupción avanzó con el decomiso definitivo de bienes vinculados a Juan Pablo Aguilera y a la empresa Tep SRL. La medida incluye dos inmuebles ubicados sobre calle Racedo de Paraná, vehículos, maquinaria de impresión y numerosos equipos informáticos.
La disposición fue emitida el jueves pasado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial y remitida a la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. El listado de bienes surge del punto XXII de la sentencia dictada el 7 de abril de 2022.
Entre los inmuebles alcanzados por la medida se encuentran los galpones ubicados en Racedo 415 y Racedo 409, en Paraná. De acuerdo con lo establecido en la sentencia, estos bienes quedarán en poder del Poder Judicial de Entre Ríos.
También fueron incluidos tres vehículos: una motocicleta Zanella ZB 100, una Ford F4000D y una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business. Estos rodados serán destinados a la Policía de Entre Ríos.
El decomiso alcanza además a maquinaria, elementos técnicos y equipos informáticos que formaban parte de la estructura de la empresa. Entre ellos se encuentra un plotter de impresión Bili Neotitan 2504 DW2D y más de una veintena de computadoras y CPU de distintas marcas, además de una computadora Apple all in one.
Según lo establecido judicialmente, los elementos informáticos serán entregados al Consejo General de Educación (CGE) para su asignación a instituciones educativas.
El plotter de impresión se encuentra actualmente en la vivienda de Luciana Almada, expareja de Aguilera. La mujer deberá entregarlo a la persona que designe la Fiscalía de Estado.
EL DECOMISO Y LA CAUSA DE LAS IMprentas
Los bienes decomisados están vinculados a Tep SRL, una de las empresas de impresión que tuvo Aguilera y que fue contratada en distintas oportunidades por el Gobierno de Entre Ríos durante la gestión de Sergio Urribarri.
La empresa fue investigada en el marco de la causa conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”, identificada con el expediente N° 4.385, una de las investigaciones que integraron el denominado “megajuicio”.
Durante el juicio oral, desarrollado entre 2021 y 2022, se analizó el funcionamiento de la empresa y sus vínculos con contrataciones realizadas durante la gestión provincial de Urribarri. La sentencia de 2022 dispuso el decomiso de los bienes inmuebles y muebles considerados vinculados a los hechos por los que se dictaron las condenas.
La medida se concreta ahora luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos de las defensas y quedaran firmes las condenas.
LAS CONDENAS
Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En la misma causa, Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez recibieron penas de seis años y medio de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los tres comenzaron a cumplir las condenas luego de que quedaran firmes tras el rechazo de los recursos presentados ante la Corte Suprema.
La sentencia que ahora se ejecuta había sido dictada en abril de 2022, después de un juicio que acumuló cinco investigaciones por hechos de corrupción y que se extendió durante varios meses.
