Un hombre de 33 años fue condenado en Paraná a dos años y diez meses de prisión condicional por comprar, reparar, desbloquear y revender celulares de procedencia ilegítima. La Justicia comprobó que desarrollaba la actividad con fines de lucro desde un comercio clandestino que funcionaba en su vivienda.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de la jueza Noemí Berros, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la Defensa. El acusado, identificado como JDL, reconoció su responsabilidad en los hechos.

Durante la investigación se secuestraron 32 teléfonos celulares, de los cuales seis tenían denuncias por robo, hurto o extravío. Además, fueron incautados equipos y herramientas informáticas utilizados para reparar, liberar y modificar los dispositivos.

CÓMO FUNCIONABA EL NEGOCIO CLANDESTINO

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, el hombre adquiría teléfonos usados sin documentación que acreditara su procedencia, para luego repararlos, desbloquearlos o liberarlos y finalmente venderlos.

La actividad se desarrollaba desde una vivienda ubicada en calle Jorge Haendel, a pocos metros de Lorenzo Anselmi, en Paraná.

La jueza consideró acreditado que en el domicilio funcionaba “un local comercial clandestino –no habilitado- de venta de terminales de telefonía móvil usadas”.

Las pericias también permitieron determinar que el acusado contaba con programas informáticos específicos para realizar tareas de servicio técnico, liberación y desbloqueo de celulares. Parte de esas herramientas se encontraba instalada en una notebook Lenovo.

SEIS CELULARES TENÍAN DENUNCIAS

La investigación comenzó a partir de un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, cuyo objetivo inicial era encontrar un teléfono BGH Joy.

Aunque ese dispositivo no fue localizado, durante el procedimiento los investigadores encontraron numerosos celulares y elementos utilizados para su reparación y modificación.

Entre los equipos secuestrados había un Samsung J1 Mini y un Huawei cuyos números de identificación figuraban en registros como denunciados por robo.

Posteriormente, las pericias determinaron que, de los 32 celulares incautados, seis estaban denunciados por robo, hurto o extravío.

En otros siete teléfonos no pudo establecerse el número de IMEI, mientras que los 19 restantes tenían identificadores habilitados para su utilización.

QUÉ ES EL IMEI Y POR QUÉ LO MODIFICABA

El IMEI es el código único que permite identificar un teléfono celular. La jueza lo comparó con el documento de identidad de una persona, debido a que permite individualizar cada dispositivo.

En este caso, las pericias establecieron que el condenado utilizaba herramientas informáticas para alterar o reemplazar esos códigos de identificación.

Para la magistrada, el acusado conocía la procedencia ilegítima de los equipos y tenía control sobre toda la operatoria, desde la adquisición de los teléfonos hasta su modificación y posterior comercialización.

LA CONDENA ES DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL

El hombre fue declarado responsable de los delitos de adquisición o utilización de terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravado por el ánimo de lucro, y alteración o modificación de números de serie electrónicos o mecánicos, en concurso real.

La pena impuesta fue de dos años y diez meses de prisión condicional, por lo que no deberá cumplirla en una unidad penitenciaria mientras respete las condiciones fijadas por la Justicia.

Entre las reglas de conducta establecidas, deberá realizar y aprobar el curso de Reparador de Electrodomésticos que se dicta en la Escuela de Educación Técnica Nº 5, Centro de Formación Profesional Nº 2 de Paraná.

También deberá acreditar ante el Juzgado de Ejecución su inscripción y aprobación del curso. El incumplimiento de las condiciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad.

DECOMISARON CELULARES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

La Justicia ordenó además el decomiso de los elementos secuestrados durante el procedimiento.

La medida alcanza a los 32 teléfonos celulares, siete tarjetas SIM, dos tarjetas micro SD, dos dispositivos utilizados para tareas técnicas de telefonía, dos tablets, tres netbooks del programa Conectar Igualdad y una notebook Lenovo.

Según la resolución, los objetos estaban vinculados con los delitos investigados o habían sido utilizados para llevar adelante las maniobras ilícitas.

El condenado también deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso.

QUÉ TUVO EN CUENTA LA JUSTICIA

Al momento de determinar la pena, la jueza Berros consideró como agravantes la cantidad de teléfonos secuestrados, la organización de la actividad comercial clandestina y los conocimientos técnicos utilizados para modificar los dispositivos.

También valoró que esas capacidades podían haber sido utilizadas para desarrollar una actividad laboral lícita.

Como atenuantes, tuvo en cuenta que el acusado tenía 25 años al momento de los hechos, su nivel de escolaridad y la ausencia de antecedentes penales.

Finalmente, la magistrada consideró proporcional la pena de dos años y diez meses de prisión condicional, de acuerdo con las características de los delitos y las circunstancias personales del condenado.