La Fiscalía de Estado de Entre Ríos inició este lunes el procedimiento de decomiso de bienes dispuesto en una de las causas por las que fue condenado Sergio Urribarri. La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en calle Racedo, en Paraná, y permitió formalizar la toma de posesión de dos inmuebles, tres vehículos y distintos elementos de computación que pasarán al Estado provincial.

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado, Martín Rettore, explicó que el procedimiento se llevó adelante junto con una escribana delegada de la Escribanía de Gobierno y con la presencia del abogado defensor de las personas que ocupaban los inmuebles.

“Hoy se formalizó el decomiso en favor del Estado provincial”, señaló Rettore.

Los bienes alcanzados por la medida son dos inmuebles físicamente unidos en calle Racedo, una motocicleta, un camión, una camioneta tipo furgón, entre nueve y diez elementos de computación y un plotter que funcionaba en el lugar, utilizado como imprenta.

EL ESTADO TOMÓ POSESIÓN DE LOS INMUEBLES

Rettore indicó que durante la diligencia se realizó el inventario de los bienes y se constató que se encontraban aquellos elementos que habían sido incluidos en la orden de decomiso.

El inmueble era utilizado principalmente como galpón e imprenta. El funcionario aclaró que dentro del lugar permanecen otros elementos que pertenecen a las personas que lo ocupaban, por lo que su retiro deberá ser coordinado con la Fiscalía de Estado.

“Nosotros ya tenemos la llave, nuestro poder de ese lugar y cualquier movimiento tiene que ser coordinado con nosotros”, explicó.

Una vez finalizada la documentación correspondiente, la Fiscalía de Estado pondrá los bienes a disposición del Poder Ejecutivo provincial, que deberá determinar el destino que tendrán.

QUÉ PASARÁ CON LOS BIENES

Según explicó Rettore, la Provincia deberá analizar las características y el estado de los inmuebles, vehículos y elementos de computación para determinar si pueden ser utilizados por organismos estatales o si corresponde otro destino.

En el caso de los inmuebles, señaló que la Provincia tiene necesidades de espacios para el funcionamiento de oficinas públicas, mientras que los vehículos y equipos deberán ser evaluados para establecer si están en condiciones de ser utilizados o requieren reparaciones.

El funcionario remarcó que el decomiso es una consecuencia accesoria de una condena y que, para avanzar con su ejecución, la sentencia debe quedar firme.

LA FISCALÍA TAMBIÉN RECLAMA LA REPARACIÓN ECONÓMICA

Durante la entrevista, Rettore se refirió además a otras causas vinculadas con perjuicios económicos al Estado provincial.

En la causa conocida como “Contratos”, explicó que la Fiscalía de Estado está constituida como actora civil y busca obtener la reparación por los fondos públicos que, según la acusación, fueron afectados.

También habló del expediente conocido como “Jóvenes Emprendedores”, en el que hubo un juicio abreviado y se estableció una recomposición económica para la Provincia de aproximadamente 100 millones de pesos a valores históricos, correspondiente a préstamos reconocidos como fraudulentos.

Rettore indicó que actualmente trabajan en la actualización de esos montos y estimó que, utilizando una metodología de cálculo determinada, el valor podría ubicarse en torno a los 500 millones de pesos, aunque aclaró que resta definir el mecanismo de actualización correspondiente.

“Estamos trabajando en la eventual recuperación de los importes actualizados”, sostuvo el fiscal adjunto.