La Justicia Federal de Concordia imputó al exjefe del Puesto de Control Vial Paso Cerrito, Esteban Silva Müller, por el presunto delito de cohecho pasivo en una causa que investiga una supuesta red de contrabando de neumáticos extranjeros que operaba en el norte de Entre Ríos.
La medida fue impulsada por el fiscal federal Francisco Bernhardt y se enmarca en una investigación que busca determinar la existencia de un circuito clandestino de ingreso, distribución y comercialización de cubiertas sin la documentación aduanera correspondiente.
El expediente se tramita en la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt y ya había derivado, en mayo pasado, en el procesamiento de 19 personas presuntamente vinculadas a la maniobra, además de embargos millonarios y medidas cautelares sobre distintos vehículos.
UNA SUPUESTA RED DE CONTRABANDO
Según la hipótesis judicial, la organización habría funcionado durante varios meses mediante una estructura integrada por comerciantes, transportistas y propietarios de gomerías de Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades del norte entrerriano.
De acuerdo con la investigación, camiones provenientes del exterior transportaban neumáticos nuevos ocultos en diferentes sectores de los vehículos. Una vez en territorio provincial, la carga era descargada en lugares previamente establecidos.
Posteriormente, las cubiertas nuevas eran reemplazadas por neumáticos usados para que los camiones continuaran circulando sin generar sospechas durante los controles de ruta.
Los investigadores detectaron que en las conversaciones incorporadas al expediente se utilizaba el término “desarme” para referirse al retiro de las cubiertas nuevas y su sustitución por otras usadas.
EL ROL QUE INVESTIGA LA JUSTICIA
La imputación contra Silva Müller se basa en tres hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023.
La sospecha surgió a partir de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación, donde se registraron comunicaciones entre algunos de los imputados y un funcionario policial que posteriormente fue identificado como el entonces responsable del puesto caminero de Paso Cerrito.
Según la acusación fiscal, esos contactos tenían como finalidad advertir el paso de determinados camiones por la jurisdicción para evitar controles policiales durante su recorrido.
La investigación sostiene que, a cambio de permitir el tránsito de los vehículos sin inspecciones, el funcionario habría recibido dinero, situación que actualmente es analizada por la Justicia Federal.
ESPERAN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
Tras la declaración indagatoria, la causa ingresó en una nueva etapa procesal. Ahora será la jueza federal interviniente quien deberá resolver si dicta el procesamiento de Silva Müller, dispone la falta de mérito o decide su sobreseimiento.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre la presunta red de contrabando que, según la hipótesis judicial, operaba mediante una compleja logística de transporte, acopio y comercialización de neumáticos extranjeros en distintas localidades del norte de Entre Ríos.
