Desde la entidad manifestaron su preocupación por la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental y advirtieron que sumar obligaciones sin garantizar recursos podría profundizar la crisis del sistema. Octavio, integrante del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, señaló las demoras para acceder a tratamientos y reclamó mayor inversión en prevención y atención.
El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos expresó su preocupación por la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y advirtió que cualquier cambio normativo debe estar acompañado de financiamiento suficiente, sostenido y garantizado. Desde la institución sostienen que, sin recursos económicos, infraestructura y profesionales, las nuevas disposiciones podrían agravar las dificultades que atraviesa el sistema de atención.
En una entrevista, Octavio, representante de la entidad, diferenció la declaración de emergencia en salud mental realizada por el Gobierno provincial de la modificación de la legislación nacional. Explicó que el decreto de emergencia habilita una reasignación presupuestaria, pero no implica necesariamente una mayor inversión. Además, indicó que se había establecido la elaboración de un plan de contingencia en un plazo de 30 días, aunque aseguró que hasta el momento no conocen sus resultados.
El profesional reconoció algunas medidas implementadas en la provincia, como la apertura de un hospital de día en Diamante y el refuerzo de guardias, pero consideró que las respuestas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la problemática.
Respecto de la modificación de la ley nacional, cuestionó especialmente la falta de precisiones sobre cómo se financiarán las nuevas obligaciones. Según explicó, la normativa anterior establecía que el 10% del presupuesto de Salud debía destinarse a salud mental, un objetivo que no se cumplió, pero que al menos permitía contar con una referencia para reclamar su aplicación.
También manifestó preocupación por los cambios vinculados a las internaciones involuntarias y por el traslado de mayores responsabilidades a las familias de las personas que atraviesan problemas de salud mental o consumos problemáticos.
“Si usted no tiene financiamiento, es letra muerta”, sostuvo Octavio, al remarcar que las modificaciones podrían generar nuevas obligaciones para las provincias sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.
Demoras en la atención y falta de profesionales
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la dificultad para acceder a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Octavio señaló que conseguir un turno en el sistema público puede demandar entre dos y tres meses, aunque mencionó casos en los que las esperas llegan a cinco meses.
Advirtió que estas demoras representan un riesgo particular para personas que atraviesan cuadros de depresión grave, psicosis o consumos problemáticos, ya que la falta de atención oportuna puede provocar un agravamiento de las situaciones.
Además, describió un escenario de precarización laboral y agotamiento entre los equipos profesionales, que deben responder a una demanda creciente con recursos limitados.
En ese contexto, consideró que la modificación de la legislación podría profundizar las dificultades existentes si no contempla una inversión concreta en infraestructura, recursos humanos, medicamentos y dispositivos de atención.
Reclaman políticas de prevención
Durante la entrevista, el representante del Colegio de Psicólogos también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la prevención, especialmente en ámbitos como las escuelas y los clubes.
En ese sentido, contó que desde la institución mantuvieron conversaciones con autoridades del Consejo General de Educación para plantear la importancia de incorporar profesionales de la psicología en las instituciones educativas.
“Los lugares de prevención son la escuela y los clubes”, señaló, y remarcó que la inversión debe orientarse también a generar herramientas para abordar las adicciones, el suicidio y otras problemáticas antes de que requieran intervenciones de mayor complejidad.
Asimismo, advirtió sobre la situación de Entre Ríos en relación con los indicadores de suicidio y sostuvo que la provincia necesita respuestas concretas y sostenidas.
Pedido a los legisladores nacionales
Por otra parte, Octavio reveló que el Colegio de Psicólogos solicitó audiencias con los tres senadores nacionales por Entre Ríos antes del tratamiento de la modificación de la ley en el Senado, con el objetivo de transmitirles sus preocupaciones. Sin embargo, aseguró que no lograron concretar los encuentros.
La entidad prevé avanzar con gestiones ante los diputados nacionales, mientras trabaja junto a la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la Argentina para definir un plan de acción frente al tratamiento legislativo.
Finalmente, el Colegio reiteró en su comunicado que el acceso a la salud mental debe estar garantizado para toda la población mediante servicios oportunos, seguros y de calidad, y que la falta de recursos limita la continuidad de los tratamientos, sobrecarga a los profesionales y traslada mayores responsabilidades a las familias.








