Nuevas revelaciones amplían el escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y allegados al Gobierno. En las últimas horas se conoció que Nazarena Menem, de 26 años, accedió a un préstamo de más de 236 millones de pesos en agosto de 2025, que se suma al crédito de 357 millones obtenido previamente por Sharif Menem. Entre ambos, acumulan casi 600 millones de pesos en financiamiento en apenas seis meses.

El caso genera cuestionamientos por el perfil de los beneficiarios. Nazarena Menem cuenta con experiencia laboral únicamente en la Auditoría General de la Nación, donde trabaja desde hace menos de cuatro años y percibe un salario que no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales. A pesar de ello, accedió a un crédito con tasa preferencial, al igual que su familiar.

Desde el Banco Nación, su presidente Darío Wasserman aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y que todos los créditos fueron otorgados bajo los criterios habituales de evaluación crediticia. Sin embargo, las dudas sobre posibles beneficios a funcionarios y allegados derivaron en denuncias judiciales que ya están en trámite.

Una de las presentaciones fue realizada por la diputada Mónica Frade, quien amplió la denuncia incluyendo nuevos casos y apuntando a posibles conflictos de interés. Según especialistas, la normativa de ética pública prohíbe que entidades estatales otorguen créditos a funcionarios del propio gobierno, lo que podría constituir una violación legal.

Los datos generales también alimentan la polémica. De los 27 mil créditos otorgados durante la actual gestión, alrededor de 11.200 habrían sido destinados a funcionarios, mientras que se estima que un 10 por ciento corresponde específicamente a integrantes del oficialismo en cargos políticos o legislativos. El monto promedio ronda los 101 millones de pesos.

Entre los casos más resonantes aparece el del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien recibió 367 millones de pesos y habría utilizado el crédito para adquirir una tercera propiedad, cuando la línea está destinada a viviendas únicas o segundas residencias. Además, su doble rol como funcionario y exdirector del Banco Central genera sospechas de uso de información privilegiada.

También figuran otros integrantes del equipo económico como Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Felipe Berón, quienes en conjunto acumulan préstamos por cientos de millones de pesos. En algunos casos, se cuestiona la rapidez en la aprobación de los créditos y las condiciones de acceso.

El escándalo motivó pedidos de acceso a la información pública por parte de legisladores, con el objetivo de conocer en detalle los criterios de otorgamiento y determinar si existió discrecionalidad o un patrón de beneficios hacia funcionarios.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, el Gobierno sostiene que no hubo irregularidades y asegura que podrá demostrar la legalidad de los procedimientos una vez que se revisen todos los casos.