Un grupo de acreedores de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (C.U.L.) presentó acciones judiciales para frenar la venta de activos de la empresa y advirtió que el proceso de liquidación podría derivar en el desguace definitivo de la histórica cooperativa láctea.

La principal medida impulsada fue una cautelar de prohibición de innovar ante la Justicia de Rafaela, con el objetivo de suspender la licitación de seis plantas industriales y del paquete de marcas de la firma, en el marco del proceso de quiebra abierto tras años de crisis financiera.

El planteo fue realizado por un consorcio integrado por acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de la cooperativa, quienes sostienen que la venta fragmentada de los activos podría destruir valor y eliminar cualquier posibilidad de continuidad productiva.

SanCor arrastra un prolongado deterioro económico que derivó en una deuda cercana a los 120 millones de dólares, incluyendo compromisos comerciales, laborales y fiscales. La declaración de quiebra habilitó la liquidación de bienes para saldar esas obligaciones, aunque parte de los acreedores cuestiona esa estrategia.

En ese contexto, el consorcio también presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela para revisar decisiones adoptadas durante el proceso judicial y reclamó que se reevalúe un plan alternativo de reorganización que, según denunciaron, fue desestimado el mismo día de la quiebra.

El eje del reclamo apunta a evitar la fragmentación de la estructura industrial de la empresa, que incluye plantas en Sunchales, Gálvez, Devoto, La Carlota, Balnearia y San Guillermo, actualmente en proceso de licitación con una base cercana a los 52 millones de dólares.

Mientras avanza el proceso, distintos grupos empresarios manifestaron interés en los activos, entre ellos firmas del sector lácteo y agroindustrial, lo que abre el interrogante sobre si se concretará una compra integral o una venta por partes.

Como alternativa, los acreedores impulsan el denominado Plan 51/49, que propone que el 51% de la empresa quede en manos de inversores privados y el 49% restante en un fideicomiso integrado por trabajadores, productores y proveedores. Bajo este esquema, las deudas se transformarían en participación accionaria para intentar reactivar la actividad.

Además, el consorcio solicitó que se investiguen los incendios ocurridos en la planta de Sunchales, al considerar que podrían haber afectado el valor de los activos.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la continuidad de SanCor no solo implica resolver un pasivo económico, sino preservar una red productiva que involucra a miles de trabajadores y productores, así como a numerosas economías regionales.

En ese marco, el futuro de la cooperativa quedó sujeto a definiciones judiciales y a la posibilidad de alcanzar una alternativa que permita sostener su actividad en lugar de avanzar con su liquidación definitiva.