El Gobierno nacional derogó de manera definitiva las normativas que regulaban los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con otras disposiciones vinculadas al comercio interior, a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026. En total, se dejaron sin efecto 58 normas dictadas principalmente entre 2022 y 2023.
La medida forma parte del proceso de desburocratización impulsado por la administración de Javier Milei, con el objetivo de simplificar el entramado regulatorio, reducir la incertidumbre jurídica y facilitar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.
Desde el Ejecutivo señalaron que muchas de las normativas derogadas habían quedado sin aplicación práctica tras la finalización de los programas que les dieron origen, y que su permanencia generaba complejidad en el sistema legal vigente.
En ese sentido, destacaron que desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y PyME lleva adelante una revisión integral de las normas, mediante la cual ya se eliminaron más de 240 disposiciones para agilizar el comercio y dotar de mayor transparencia al mercado.
El paquete de derogaciones incluyó 30 normativas asociadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, mecanismos que promovían el consumo mediante financiamiento en cuotas con tasas subsidiadas. Según se indicó, estos esquemas constituían una intervención indirecta sobre el crédito y perdieron vigencia tras la finalización de Cuota Simple en junio de 2025.
Además, se eliminaron 22 normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), herramienta creada para intervenir en los precios del sector, así como disposiciones relacionadas con el programa Precios Cuidados, implementado en 2014 para establecer acuerdos de precios en productos de consumo masivo.
La normativa también dejó sin efecto regulaciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación los aumentos de aranceles. De acuerdo con la explicación oficial, estas medidas generaban distorsiones en la fijación de precios.
Por otra parte, se derogaron mecanismos administrativos considerados redundantes en materia de defensa del consumidor, entre ellos la normativa que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos mediante la Ventanilla Única Federal.
El Gobierno justificó estas decisiones al sostener que la normativa vigente ya contempla la protección de los derechos de los consumidores y que la eliminación de disposiciones innecesarias contribuye a una mayor claridad legal, reduce la ambigüedad y favorece el normal funcionamiento del mercado.
