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CONDENARON A UN EXDIPUTADO POR ABUSAR DE UNA JOVEN A LA QUE LE HABÍA PROMETIDO TRABAJO

El exdiputado provincial y exasesor del Gobierno de Corrientes, Manuel Antonio Sussini, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por abuso sexual simple en carácter de delito continuado, tras comprobarse que abusó de una joven a la que le había ofrecido trabajo durante la pandemia de Covid-19.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes, que lo consideró autor material responsable del delito previsto en el artículo 119 del Código Penal. No obstante, el exlegislador no quedó detenido, ya que la pena se hará efectiva una vez que el fallo quede firme.

El tribunal, integrado por los jueces Román Facundo Esquivel, Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero, fijó además para el 8 de junio la audiencia de lectura de los fundamentos completos del fallo.

La investigación se inició a mediados de septiembre de 2020, a partir de la denuncia presentada por la hermana de la víctima ante la División de Delitos Contra la Integridad Sexual, en pleno contexto de restricciones por la pandemia.

Según se acreditó en el proceso, Sussini contactó a la joven con la promesa de un trabajo como asistente terapéutica, que incluía tareas de control de salud y acompañamiento en su domicilio. A cambio, le ofrecía alojamiento y la posibilidad de continuar sus estudios.

Sin embargo, una vez instalada en el lugar, el exdiputado comenzó a someterla a situaciones de abuso. De acuerdo al testimonio de la víctima, los hechos se iniciaron cuando el acusado le pidió que ingresara a su habitación y la obligó a realizar prácticas de carácter sexual.

La joven relató que los abusos se repitieron durante 24 días y que accedió por temor, ya que el hombre le manifestaba tener poder e influencia política, lo que le impedía abandonar el lugar en medio de las restricciones de circulación vigentes.

Durante el proceso, Sussini negó los hechos y sostuvo su inocencia. Incluso, en un intento por evitar el juicio, ofreció una reparación económica a la víctima, propuesta que fue rechazada por la querella.

Finalmente, tras el análisis de las pruebas y los testimonios, el tribunal resolvió condenarlo, marcando un nuevo precedente en casos de abuso cometidos en contextos de vulnerabilidad.

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