La Cámara de Diputados debatirá este miércoles dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo vinculados a la transparencia institucional y al fomento de grandes inversiones, en el marco de plenarios de comisiones que se realizarán durante la jornada.

Desde las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General analizarán la iniciativa que propone la creación de un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, conocido como ley de lobby. El proyecto busca establecer reglas claras para las gestiones que realizan empresas, organizaciones o intermediarios ante funcionarios y legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.

La propuesta contempla la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, en el que deberán inscribirse los gestores y declarar a quiénes representan, así como también detallar los contactos mantenidos, fechas, modalidades y temas abordados.

Además, el proyecto prevé sanciones para quienes incumplan con estas obligaciones, que van desde multas económicas hasta la inhabilitación para ejercer la actividad. También incluye penas de prisión para casos de representación clandestina de intereses extranjeros.

Por otra parte, establece que los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso deberán informar y dar publicidad a las audiencias que mantengan con los gestores de intereses, en línea con el objetivo de fortalecer la transparencia en la toma de decisiones.

A partir de las 15, en tanto, se desarrollará un segundo plenario de comisiones —integrado por Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva— para debatir el denominado “Súper RIGI”.

La iniciativa busca ampliar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones hacia sectores estratégicos como el litio, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, la energía solar, los semiconductores y la inteligencia artificial.

El proyecto establece que podrán acceder al régimen inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, a las que se les otorgará estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

Entre los beneficios previstos se incluyen la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de inversiones, ventajas fiscales en el IVA, disminución de cargas patronales y facilidades para la disponibilidad de divisas generadas por exportaciones.

Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa del oficialismo y podrían avanzar en su tratamiento en función de los consensos que logren reunir entre los distintos bloques parlamentarios.