Las entidades financieras comenzaron a contactar a clientes con atrasos en sus créditos para renegociar condiciones de pago, en medio de un nivel histórico de morosidad que genera preocupación en todo el sistema. La iniciativa apunta a aliviar la carga de quienes registran deudas impagas por más de 90 días.
Según fuentes del sector, las gestiones se enfocan principalmente en préstamos personales de corto plazo, que empezaron a mostrar dificultades poco después de ser otorgados. La caída de ingresos y la pérdida de empleo aparecen como los principales factores detrás del incumplimiento.
En ese contexto, los bancos analizan alternativas como extender plazos de financiación y, en algunos casos, reducir el costo financiero total, con el objetivo de alcanzar cuotas más accesibles para los usuarios y evitar un mayor deterioro de la cartera crediticia.
El escenario se agrava con datos recientes: la morosidad en créditos a familias alcanzó el 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004, y acumula 16 meses consecutivos en alza. El problema afecta a casi todo el sistema financiero, con impacto en 28 de las 30 principales entidades del país, y es aún más crítico en el sector no financiero, donde la mora roza el 30%.
A pesar de cierta flexibilización en la política monetaria, las tasas de interés continúan elevadas. Los préstamos personales rondan el 70% nominal anual, mientras que el costo financiero total puede superar el 250%, lo que complica aún más la capacidad de pago de los deudores.
Desde el sector explican que la alta morosidad incrementa el riesgo y obliga a mantener tasas elevadas para compensarlo. A esto se suma la incertidumbre económica y el desacople entre la tasa de referencia del Banco Central y las tasas que enfrentan los consumidores.
Frente a este panorama, en el Congreso avanza un proyecto de ley que propone un régimen excepcional para regularizar deudas, con opciones de refinanciación, quitas parciales y asistencia estatal para obligaciones contraídas hasta diciembre de 2025.
De este modo, el sistema financiero enfrenta una combinación compleja de factores —suba de la morosidad, tasas altas y caída de ingresos— que presiona sobre los hogares y obliga a los bancos a buscar mecanismos para evitar un agravamiento de la crisis crediticia.
