Suiza celebrará este domingo un referéndum clave en el que decidirá si establece un tope máximo de 10 millones de habitantes y endurece sus políticas migratorias, en una medida que podría impactar tanto a nivel interno como en su relación con la Unión Europea.

La propuesta fue impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), que sostiene que el crecimiento demográfico sostenido está generando una presión excesiva sobre la infraestructura, los recursos naturales y la calidad de vida en el país.

Actualmente, Suiza cuenta con unos 9,1 millones de habitantes y el aumento poblacional de las últimas décadas es atribuido principalmente a la inmigración. En este contexto, la iniciativa plantea mantener la población por debajo de los 9,5 millones hacia 2035 y evitar que alcance los 10 millones.

En caso de ser aprobada, el Gobierno deberá aplicar medidas concretas para limitar el ingreso de migrantes, entre ellas mayores restricciones al derecho de asilo, límites a la reunificación familiar y controles más estrictos en las fronteras.

Uno de los puntos más sensibles es el posible impacto sobre los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea. La propuesta contempla que, si no se logra frenar el crecimiento poblacional en un plazo de dos años, el país podría incluso suspender estos convenios, que permiten la movilidad de trabajadores europeos.

Actualmente, cerca de 1,5 millones de ciudadanos de la Unión Europea residen en Suiza bajo estos acuerdos, considerados clave para el funcionamiento de su economía.

El Gobierno suizo ya manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió que podría traer consecuencias negativas, tanto para el mercado laboral como para las relaciones internacionales. En la misma línea, el sector empresarial expresó preocupación por la incertidumbre económica que podría generar una eventual aprobación.

El resultado del referéndum será determinante para definir el rumbo de la política migratoria del país y su vínculo con Europa en los próximos años.