La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (Fepra) expresó su respaldo al posicionamiento del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos y manifestó su preocupación por la implementación de un programa basado en inteligencia artificial orientado al acompañamiento de docentes y estudiantes en la provincia.

A través de un comunicado, la entidad cuestionó el carácter “inconsulto” de la medida impulsada por el gobierno provincial y advirtió que no contó con la participación de instituciones profesionales, académicas y científicas vinculadas a la salud mental, la educación y la niñez.

“Las transformaciones que involucran procesos subjetivos, prácticas pedagógicas y abordajes en salud mental no pueden ser definidas unilateralmente ni reducidas a decisiones de carácter meramente tecnológico o administrativo”, señalaron. En ese sentido, remarcaron la necesidad de generar instancias de debate interdisciplinario y con anclaje territorial.

Desde la federación también plantearon que el uso de inteligencia artificial en estos ámbitos debe ser complementario al trabajo humano y no sustitutivo. “No hay acompañamiento posible sin la presencia de profesionales formados, identificables y responsables de sus intervenciones”, afirmaron.

Asimismo, advirtieron sobre los riesgos de incorporar dispositivos algorítmicos en espacios sensibles como la escuela sin el respaldo adecuado. Según indicaron, esto podría derivar en procesos de “desubjetivación”, simplificación de la complejidad psíquica y debilitamiento del lazo social.

En el documento, la Fepra coincidió con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos en la importancia de fortalecer los equipos interdisciplinarios y territoriales que trabajan con niñas, niños y adolescentes. También destacaron la labor de los profesionales del sistema educativo, muchas veces desarrollada en condiciones adversas.

Finalmente, la federación solicitó al gobierno provincial que revise la implementación del programa y convoque de manera urgente a los actores especializados para construir políticas públicas participativas.

“Sin participación, sin profesionales y sin anclaje territorial, no hay política pública legítima en salud mental ni en educación”, concluyeron.