El proyecto para legalizar la eutanasia en Argentina ingresó formalmente al Congreso de la Nación impulsado por el diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas. La iniciativa propone crear un régimen de “muerte voluntaria médicamente asistida” y reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en situaciones de sufrimiento extremo provocado por enfermedades graves e incurables.
El texto contempla dos modalidades: la eutanasia, donde un profesional médico administra directamente una sustancia letal, y el suicidio asistido, en el que el propio paciente se autoadministra la medicación bajo supervisión sanitaria. Ambas prácticas quedarían incorporadas al sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Actualmente, en Argentina la eutanasia y el suicidio asistido continúan prohibidos por el Código Penal, aunque sí están contemplados el rechazo de tratamientos médicos y el acceso a cuidados paliativos.
Qué requisitos establece el proyecto
La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, tener más de 16 años, ser argentino o residente permanente con al menos un año de permanencia en el país y padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico imposibilitante certificado médicamente.
Además, la persona deberá manifestar su decisión de manera libre, voluntaria, consciente e informada, sin presiones externas. El pedido tendrá que realizarse en dos oportunidades separadas por un mínimo de 15 días, aunque podrá ser revocado en cualquier momento.
El procedimiento incluiría la participación de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en salud mental, cuidados paliativos y bioética. También intervendría una Comisión de Evaluación y Garantías encargada de autorizar cada caso antes de concretar la práctica.
Cobertura obligatoria y objeción de conciencia
Uno de los puntos centrales del proyecto es que incorpora la asistencia médica para morir dentro de las prestaciones obligatorias del sistema sanitario argentino. De aprobarse, hospitales públicos, obras sociales y prepagas deberían garantizar el acceso sin copagos ni restricciones económicas.
El texto también establece que antes deberá asegurarse el acceso efectivo a cuidados paliativos, considerando la muerte asistida como una opción excepcional dentro del proceso de atención al final de la vida.
En cuanto a los profesionales de la salud, la iniciativa reconoce el derecho individual a la objeción de conciencia. Sin embargo, prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.
Cambios legales y debate
El proyecto propone modificaciones en el Código Penal para excluir de responsabilidad criminal a los profesionales que participen en procedimientos realizados bajo los requisitos legales establecidos.
También incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para habilitar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir, permitiendo dejar asentada previamente la voluntad de acceder a estas prácticas en caso de incapacidad futura.
En los fundamentos de la iniciativa, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía personal y evitar sufrimientos incompatibles con la dignidad humana. Además, menciona antecedentes internacionales y legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.
