La Justicia civil condenó a una entidad financiera a devolver el dinero sustraído a un cliente tras una estafa virtual y a pagar una indemnización millonaria, al considerar que no detectó operaciones sospechosas ni cumplió con su deber de seguridad.

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Tandil, que ordenó restituir los fondos robados, abonar daño moral y aplicar una multa por daño punitivo. La condena total asciende a 4.074.000 pesos.

El caso se originó en marzo de 2023, cuando el cliente fue víctima de una maniobra de phishing. Tras intentar realizar una compra, recibió un mensaje de WhatsApp falso y luego se comunicó con una línea telefónica fraudulenta, donde le solicitaron datos personales y claves de acceso.

Con esa información, los delincuentes ingresaron a su cuenta bancaria y realizaron cinco transferencias por un total de 574.000 pesos hacia cuentas desconocidas. El usuario detectó la maniobra minutos después y denunció el hecho, aunque el dinero ya había sido retirado.

Durante el proceso judicial, el banco rechazó su responsabilidad y argumentó que el cliente actuó con negligencia al compartir información sensible fuera de los canales oficiales. Sin embargo, una pericia informática determinó que el sistema no activó alertas ni bloqueos ante operaciones inusuales.

El tribunal consideró que, si bien el usuario fue engañado, la entidad incumplió su obligación de prevenir este tipo de fraudes. Señaló que las transferencias presentaban características atípicas, como montos elevados, cuentas no habituales y una dirección IP remota, sin que se aplicaran controles adicionales.

En la sentencia, el juez remarcó que las entidades financieras deben reforzar sus sistemas de seguridad frente al աճimiento de los delitos digitales, incorporando herramientas más avanzadas de monitoreo y detección.

Además, destacó que la responsabilidad de los bancos es objetiva en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que deben garantizar la protección de los fondos incluso ante maniobras de engaño.

Como parte de la sanción, se aplicó un daño punitivo de dos millones de pesos, con el objetivo de desalentar prácticas deficientes en materia de seguridad y advertir al sistema financiero sobre la necesidad de mejorar sus controles.

El fallo vuelve a poner en debate el alcance de la responsabilidad de los bancos frente al aumento de estafas virtuales que afectan a usuarios en todo el país.