Una reciente decisión judicial volvió a poner en foco la situación legal del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, ambos condenados por corrupción en 2022. La Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió el 19 de junio denegar el recurso extraordinario federal presentado por el fiscal coordinador Leandro Dato, que buscaba llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con esta resolución, Urribarri y Aguilera continúan en libertad, una medida que había sido otorgada en enero de este año, pese a que ambas condenas son de cumplimiento efectivo.
Qué planteó el fiscal
Dato había presentado el recurso ante la Corte al considerar que la decisión que les concedió la libertad “contraría principios básicos del debido proceso, el principio de igualdad y el de juez natural”. Según el fiscal, el tratamiento acelerado del caso —resuelto en apenas seis días durante la feria judicial— supuso un “trato privilegiado” a los condenados que no se le otorga a otros privados de libertad, lo que violaría el principio de igualdad ante la ley.
Además, advirtió que esta situación podría comprometer al Estado argentino a nivel internacional, debido a los compromisos asumidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Dato también subrayó que el fallo condenatorio se encuentra firme en la provincia y que persiste el peligro de fuga, dada la gravedad de los hechos investigados —como el uso del aparato estatal con fines delictivos— y la conducta procesal de los condenados, que incluyó denuncias contra fiscales y jueces para dilatar el proceso.
Posturas divididas en el STJ
La votación en la Sala Penal fue dividida. El vocal Miguel Ángel Giorgio se manifestó a favor de conceder el recurso, al considerar que los argumentos del fiscal eran suficientemente graves y ameritaban ser revisados por la Corte Suprema. Calificó la decisión de liberar a los condenados como “arbitraria” y advirtió sobre el posible incumplimiento de compromisos internacionales.
En cambio, los jueces Germán Carlomagno y Gisela Schumacher votaron en contra. Ambos sostuvieron que no se trata de una sentencia definitiva, sino de una resolución sobre una medida cautelar (prisión preventiva) que no cierra el proceso judicial. Afirmaron que no hay “cuestión federal” involucrada, ya que el cuestionamiento del fiscal se centró en aspectos procesales, como la habilitación de la feria judicial.
Asimismo, defendieron la actuación de la Sala de Feria, señalando que resolvió con celeridad y dentro del marco legal vigente, como corresponde ante el derecho a la libertad de los imputados.
Qué puede pasar ahora
Aunque la Corte Suprema no intervendrá por el momento, el Ministerio Público Fiscal aún tiene una instancia abierta: recurrir “en queja” directamente ante el máximo tribunal del país. Esta herramienta legal permitiría que la Corte evalúe si toma o no el caso.
Mientras tanto, Urribarri y Aguilera permanecen en libertad, aunque las condenas por corrupción en su contra continúan firmes en el ámbito provincial. La decisión del STJ suma un nuevo capítulo al extenso recorrido judicial del llamado “megajuicio” por corrupción que marcó la agenda política y judicial en Entre Ríos.
Con información de AHORA.
