El Poder Ejecutivo decidió este miércoles restituir la vigencia de varias disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente Javier Milei. Estas medidas habían sido posibles gracias a las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Bases, pero posteriormente fueron rechazadas por el Parlamento a mediados de agosto.
Ante este escenario, el Ejecutivo optó por reactivar las normativas con el objetivo de garantizar la continuidad de políticas estructurales que afectan a organismos nacionales y a sectores laborales clave. Entre ellas, se incluyen disposiciones vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Reformas en la Marina Mercante y transporte
Uno de los puntos centrales es el Decreto 628/2025, publicado en el Boletín Oficial, que restituye lo dispuesto por el Decreto 340/2025 sobre la Marina Mercante Nacional. Esa normativa había establecido un régimen de excepción con cambios en permisos para armadores de buques, modificaciones a la Ley de la Navegación N° 20.094 y la apertura del servicio de cabotaje a barcos de bandera extranjera.
También se declaró como servicio esencial a la navegación marítima y fluvial, obligando a garantizar un mínimo del 75% de las prestaciones en caso de conflictos laborales.
Restitución de organismos y cambios institucionales
El Decreto 627/2025 reactivó otras disposiciones derogadas por los DNU 461/25, 462/25, 345/25 y 351/25. Entre ellas se encuentra la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), así como la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
El DNU 462/25 había dispuesto que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el INTI pasaran a depender de los Ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, respectivamente, lo que había generado cuestionamientos por una posible politización de esos organismos.
En paralelo, el Decreto 345/25 ordenó la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, mientras que el 351/25 modificó la estructura del BNDG, que dejó de ser un ente descentralizado para quedar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Continuidad normativa
Según el gobierno, el rechazo del Congreso a los decretos no significaba la reactivación automática de las normativas previas. Por eso, a través de los nuevos decretos, se busca asegurar la vigencia de disposiciones que consideran esenciales para el desarrollo institucional y económico.
