El Gobierno nacional tiene en revisión un nuevo proyecto de ley de desregulación económica que prevé modificar reglas en distintos sectores de la actividad productiva y comercial. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y aguarda la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviada al Congreso.

El objetivo es eliminar regulaciones consideradas obstáculos para la competencia, reducir costos y facilitar el ingreso de nuevos actores. Entre los rubros alcanzados figuran la venta de medicamentos, la navegación fluvial, el mercado inmobiliario, los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.

Uno de los capítulos más relevantes modifica el régimen de comercialización de medicamentos de venta libre. La propuesta habilita su exhibición en góndolas y amplía la posibilidad de comercialización por internet con entrega a domicilio. Además, busca dar respaldo legislativo a cambios incluidos en el DNU 70/2023 que quedaron parcialmente suspendidos por decisiones judiciales.

El proyecto también elimina el régimen de precio uniforme para los libros, permitiendo que cada librería establezca libremente sus valores, promociones y descuentos, con el argumento de fomentar la competencia y reducir precios.

En paralelo, propone desregular el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), limitando la intervención estatal a controles de seguridad y eliminando la fijación de precios, márgenes y cupos para las garrafas.

En el sistema financiero, la iniciativa actualiza los regímenes de prendas y warrants para digitalizar las garantías en el acceso al crédito. También incorpora la posibilidad de utilizar activos virtuales, como criptomonedas, como garantía, junto con contratos inteligentes, firmas digitales y un registro federal unificado.

En el sector agropecuario, se deroga la ley de arrendamientos rurales, eliminando plazos mínimos y condiciones obligatorias. De aprobarse, propietarios y productores podrán pactar libremente duración, precio y modalidad de pago, manteniéndose vigentes los contratos actuales hasta su vencimiento.

El texto también impulsa cambios en la navegación fluvial, habilitando que embarcaciones extranjeras realicen transporte interno con permisos temporarios e incorporando gradualmente tripulación argentina.

Otro punto central apunta al mercado inmobiliario, donde se elimina la obligatoriedad del título universitario y la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero, con el argumento de reducir barreras de ingreso.

En la actividad vitivinícola, se redefinen las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que se enfocaría en el control de calidad. Además, se propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina.

La iniciativa también elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en trámites ante la administración nacional, salvo en casos que determine la reglamentación.

Finalmente, introduce cambios tributarios para cooperativas, eliminando la exención plena del Impuesto a las Ganancias y estableciendo que aquellas con excedentes superiores a 500 millones de pesos anuales deberán tributar ese impuesto.