El DNU 366/2025 endurece deportaciones, restringe la ciudadanía y habilita el cobro a extranjeros en salud y universidades públicas.
El Gobierno nacional publicó este jueves el decreto 366/2025 que modifica la Ley de Migraciones (25.871), endureciendo las condiciones de permanencia de extranjeros en el país. La nueva normativa restringe el acceso a la ciudadanía, habilita el cobro por servicios de salud y educación universitaria, y refuerza las facultades del Estado para efectuar deportaciones.
La norma cambia varios artículos claves de la legislación migratoria argentina. En lo que respecta a la salud, el decreto establece que solo en casos de emergencia no se podrá negar atención sanitaria a personas extranjeras, cualquiera sea su situación migratoria. Fuera de ese supuesto, los establecimientos estatales podrán exigir seguro médico o pago previo para brindar atención.
En cuanto a educación, se garantiza el acceso gratuito solo en los niveles inicial, primario y secundario. En el caso de las universidades, el decreto autoriza a las instituciones públicas a cobrar aranceles a personas extranjeras que no sean ciudadanos argentinos o no tengan residencia permanente.
Otra modificación significativa se da en el acceso a la ciudadanía: ya no se podrá solicitar acortamiento de plazos por servicios prestados a la República (como lo permitía la ley anterior), sino únicamente si se demuestra una inversión relevante en el país. Además, se exige que el extranjero haya residido los dos años previos sin salir del territorio nacional.
El decreto también reduce la validez de la residencia precaria de 180 a 90 días y refuerza el mecanismo de deportación inmediata para quienes ingresen al país en forma ilegal o infraganti.
Desde el Ejecutivo justificaron estas medidas al señalar que el contexto global migratorio ha cambiado significativamente, y que las “facilidades extremas” actuales podrían llevar a un aumento del flujo migratorio que afecte los servicios esenciales del país, como la salud y la educación.
La normativa recibió críticas por parte de sectores que advierten un retroceso en derechos adquiridos y una criminalización del fenómeno migratorio.
