La Justicia de Santa Fe investiga un presunto plan para asesinar al gobernador Maximiliano Pullaro, luego de recibir una serie de llamadas al sistema de emergencias 911 que alertaban sobre la supuesta contratación de un sicario en Santiago del Estero. La investigación derivó en tres allanamientos en la ciudad de Ceres, la aprehensión de un hombre de 66 años y el secuestro de un revólver calibre .32.

La causa se inició de oficio después de que la Fiscalía recibiera información sobre un posible atentado contra el mandatario provincial, tras su visita oficial a Ceres el martes 27 de octubre. El fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), aclaró que la hipótesis todavía debe ser corroborada mediante las medidas investigativas.

“La hipótesis principal es la posibilidad de que se habría planeado un atentado contra la vida del gobernador; hablamos de posibilidad porque debe ser confirmado con las medidas en marcha”, sostuvo el funcionario.

Las llamadas al 911 que alertaron sobre el supuesto atentado

Según publicó UNO Santa Fe, la investigación comenzó el miércoles 28 de octubre, después de las 5, cuando la central de emergencias recibió tres comunicaciones en menos de diez minutos. Si bien la primera llamada hacía referencia a presuntos puntos de venta de estupefacientes en Ceres, el denunciante también aportó información sobre un posible plan para atacar a Pullaro.

De acuerdo con el relato, cuatro hombres habrían viajado desde Ceres hasta la localidad de Selva, en Santiago del Estero, con el objetivo de contratar a un sicario. También se mencionó a otra persona que presuntamente habría sido designada para trasladar al atacante y una vivienda que podría funcionar como refugio o base de operaciones.

Los datos aportados incluyeron nombres e iniciales de las personas que habrían participado en la organización. Sin embargo, hasta el momento, la Justicia no confirmó que se haya concretado la contratación de un sicario ni que existieran preparativos efectivos para cometer el atentado.

Tres allanamientos y un arma secuestrada

A partir de la denuncia, la Fiscalía ordenó preservar los audios del 911, geolocalizar las llamadas y analizar cámaras de seguridad públicas y privadas. También se inició una reconstrucción de los movimientos de las personas mencionadas, con especial atención a los días previos y posteriores a la visita del gobernador.

Como resultado de las primeras medidas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos durante la mañana del sábado 31 de octubre en distintos domicilios de Ceres.

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Matheu al 900, donde fue aprehendido un hombre de 66 años, identificado por sus iniciales como P.A.P. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 largo que contenía cinco cartuchos en el tambor y que, según el reporte policial, estaba en condiciones de funcionamiento.

Los otros allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en la intersección de Echagüe y Mariano Vera, y en Remedios de Escalada de San Martín al 800. En esos lugares se buscaron elementos que permitan establecer posibles vínculos entre las personas mencionadas en las comunicaciones.

Por qué quedó detenido el hombre de 66 años

Aunque la investigación se originó por la denuncia de un posible atentado contra Pullaro, la calificación legal provisoria atribuida al hombre aprehendido está relacionada con la presunta tenencia ilegítima de un arma de fuego y municiones de uso civil.

De esta manera, su situación judicial quedó inicialmente vinculada al revólver secuestrado, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si tuvo participación en la supuesta planificación del ataque.

Los otros cinco hombres mencionados en la denuncia también forman parte de las averiguaciones. Por el momento, no se informaron nuevas detenciones ni imputaciones directamente relacionadas con el presunto complot.

Qué busca determinar la investigación

El fiscal Odriozola confirmó que la causa continúa abierta y que uno de los principales objetivos es verificar la información aportada al 911. Para ello, se analizan los audios, las comunicaciones y los registros de cámaras de seguridad.

También se busca establecer si efectivamente hubo desplazamientos hacia Selva, si existieron contactos para contratar a un sicario y qué relación tendrían los involucrados con la vivienda señalada como posible refugio.

Por otra parte, los investigadores deberán determinar si el arma secuestrada tiene alguna vinculación con el supuesto plan o si se trata de un hecho independiente.

Hasta el momento, la existencia de un proyecto concreto para atentar contra la vida del gobernador no fue acreditada judicialmente.