Tras el masivo corte de suministro de gas que afectó a miles de usuarios de Paraná durante los días de mayor frío del año, el abogado especialista en Derecho del Consumidor Héctor Sagasti aseguró que la empresa prestataria deberá responder por los perjuicios ocasionados, independientemente de cuál haya sido el origen técnico de la falla.
El especialista explicó que la relación entre los usuarios y la distribuidora está alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que el consumidor no tiene por qué distinguir si la responsabilidad fue de la transportadora o de la empresa distribuidora.
“Para el usuario todos los integrantes de la cadena de prestación del servicio son responsables solidarios. Después las empresas podrán discutir entre ellas quién tuvo la culpa, pero frente al consumidor deben responder”, afirmó.
Sagasti señaló que, una vez restablecido el servicio, los damnificados podrán reclamar por los perjuicios sufridos, especialmente teniendo en cuenta que el corte ocurrió durante la jornada más fría del año. Entre esos daños mencionó los gastos ocasionados por la contratación de gasistas matriculados para reactivar el suministro, además de otros perjuicios derivados de la falta del servicio.
En ese sentido, recomendó conservar las facturas o comprobantes de cualquier gasto realizado, ya que podrán incorporarse a un eventual reclamo administrativo o judicial.
El abogado también cuestionó la falta de respuesta de los canales de atención durante la emergencia. Según explicó, la imposibilidad de comunicarse con la empresa y la ausencia de asistencia inmediata pueden agravar la responsabilidad de la prestadora, al dejar a los usuarios sin alternativas para resolver una situación de riesgo.
Respecto a los reclamos, indicó que los usuarios deberán presentarlos primero ante la empresa distribuidora y, en paralelo, ante las oficinas de Defensa del Consumidor. Además, no descartó que la situación derive en acciones colectivas debido a la gran cantidad de personas afectadas.
Finalmente, Sagasti sostuvo que, al tratarse de un servicio público monopólico, la empresa tiene una responsabilidad aún mayor para garantizar una respuesta rápida y eficiente frente a contingencias de este tipo, especialmente cuando están comprometidas la seguridad y las condiciones básicas de vida de los usuarios.
