La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista informó al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú la falta de respuesta del Ministerio de Ambiente de Uruguay a un pedido de acceso a la información pública ambiental vinculado al proyecto de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en la ciudad de Paysandú.
Según explicó la organización, la solicitud fue presentada en marzo de este año junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, y posteriormente reiterada en mayo. Sin embargo, hasta el momento no se recibió ninguna respuesta por parte de las autoridades uruguayas.
Ante esta situación, CAUCE puso en conocimiento del Comité el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso a la información ambiental. La entidad recordó que Uruguay ratificó el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Desde la organización señalaron que la información solicitada resulta de especial importancia debido a la magnitud del proyecto industrial previsto en Paysandú y a los posibles impactos transfronterizos que podría generar sobre el río Uruguay, un ecosistema compartido entre Uruguay y Argentina, además de sus eventuales efectos sobre la salud de la población.
CAUCE sostuvo que el acceso oportuno a la información pública ambiental es fundamental para que las comunidades potencialmente afectadas puedan conocer, evaluar y participar de manera informada en los procesos de toma de decisiones vinculados a proyectos de gran escala.
Qué información solicitaron
Entre la documentación requerida al Ministerio de Ambiente de Uruguay se encuentran:
- El expediente administrativo completo del proyecto.
- Estudios de prefactibilidad y evaluaciones de impacto ambiental.
- Informes técnicos elaborados por organismos públicos.
- Resoluciones, autorizaciones y permisos otorgados.
- Información sobre uso de agua, emisiones atmosféricas, efluentes y residuos.
- Evaluaciones de impactos ambientales, sociales y sanitarios.
- Análisis de posibles impactos transfronterizos.
- Instancias de participación pública realizadas o previstas.
- Convenios suscriptos entre el Estado uruguayo y la empresa.
- Comunicaciones mantenidas con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Finalmente, desde CAUCE advirtieron que la falta de respuesta por parte del Estado uruguayo dificulta el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ambiental y limita las posibilidades de participación ciudadana. En ese sentido, afirmaron que continuarán impulsando las herramientas jurídicas e institucionales necesarias para garantizar la plena vigencia de los derechos reconocidos por el Acuerdo de Escazú.
