La administración británica de las islas extendió los permisos para actividades de exploración offshore y habilitó la posibilidad de una nueva prórroga de dos años. La decisión se conoció mientras avanzan los proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte y Argentina profundiza sus acciones contra las empresas involucradas.
La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias petroleras vigentes para actividades offshore, con el respaldo del Gobierno del Reino Unido. La medida alcanza permisos que actualmente se encuentran en etapa de exploración y contempla además la posibilidad de extenderlos por otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo establecidos.
La decisión se produce en medio de una nueva disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las prórrogas brindan previsibilidad a los operadores para continuar con sus inversiones y trabajos de exploración.
SEA LION, EL PROYECTO QUE CONCENTRA LA ATENCIÓN
Uno de los principales proyectos vinculados con las nuevas licencias es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El emprendimiento ingresó en una etapa de desarrollo a fines de 2025 y las compañías proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
En paralelo, la administración isleña autorizó a una subsidiaria de Navitas a adquirir una participación del 65% en el bloque PL001, ubicado junto al área de Sea Lion. Según se informó, la operación apunta a acelerar la evaluación y eventual desarrollo de ese sector.
Además, mantienen licencias de exploración otras compañías, entre ellas Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.
ARGENTINA RECHAZA LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS
El Gobierno argentino sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas en el área se llevan adelante sin autorización nacional y considera inválidas las licencias otorgadas por las autoridades británicas.
En ese marco, la Argentina avanzó con distintas medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con las actividades petroleras en las islas.
En el caso de Sea Lion, la Justicia Federal también intervino. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras destinadas a poner en funcionamiento el proyecto petrolero. La medida había sido solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
UNA DISPUTA QUE TAMBIÉN INVOLUCRA LOS RECURSOS NATURALES
Mientras el Reino Unido respalda las actividades económicas autorizadas por la administración de las islas, Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La posición argentina sostiene que las actividades unilaterales vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en la zona son contrarias a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La extensión de las licencias petroleras vuelve a colocar la explotación de hidrocarburos en el centro de la disputa entre ambos países, particularmente por el avance del proyecto Sea Lion y las expectativas de iniciar la producción de crudo en 2028.
