El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó que el Gobierno provincial presentó formalmente la apelación contra la medida cautelar que suspendió la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas para las escuelas. Lo hizo durante una entrevista en el programa El Explorador, donde sostuvo que el conflicto “no debe resolverse en el ámbito judicial” y defendió la legalidad del proceso.

La cautelar, dictada por el juez Juan Pablo Malvasio, ordenó suspender la puesta en marcha del nuevo esquema de distribución de alimentos hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada en un amparo impulsado por la Fundación Cauce, gremios y familias.

“El contrato no está cuestionado”

Rodríguez Signes explicó que el principal argumento de la apelación es que la demanda no impugna ni el procedimiento licitatorio ni el contrato firmado con la empresa adjudicataria.

“Si no hay un cuestionamiento al contrato ni al procedimiento, entonces el contrato debe cumplirse y ejecutarse normalmente”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la acción de amparo solo procede cuando existe una vulneración manifiesta de un derecho constitucional, algo que, según la postura del Gobierno, no ocurre en este caso.

“No hay un acto manifiestamente ilegal por parte del Gobierno. Lo que plantean los amparistas es la necesidad de controlar la aplicación del sistema, y eso puede hacerse en el ámbito de la administración, no en el Poder Judicial”, remarcó.

La Provincia ya presentó la apelación

Durante la entrevista, el fiscal confirmó que la apelación contra la medida cautelar ya fue presentada formalmente.

“Antes de venir al programa estaba terminando la presentación”, indicó.

Ahora será el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el encargado de analizar el recurso, mientras continúa la tramitación del amparo principal.

“No hay vulneración al derecho a una alimentación saludable”

Consultado sobre uno de los fundamentos del fallo, que advierte sobre un posible riesgo para el derecho a una alimentación saludable, Rodríguez Signes rechazó esa interpretación.

Explicó que la licitación contó con la intervención de las áreas técnicas del Estado encargadas de evaluar la calidad nutricional de los alimentos.

“No se lanzó una licitación sin la participación de los organismos competentes. Hubo informes técnicos que avalaron los productos que se van a distribuir”, sostuvo.

Además, señaló que los demandantes solicitan mayor información sobre el sistema, pero aclaró que eso no implica que exista una violación de derechos.

Un debate político, no judicial

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre la decisión de centralizar la compra de alimentos y dejar de lado el sistema mediante el cual cada escuela adquiría productos en comercios locales.

Sobre ese punto, Rodríguez Signes consideró que se trata de una discusión política y administrativa.

“Cada uno es libre de opinar sobre el sistema, pero no se pueden trasladar decisiones de política pública al ámbito judicial. El Poder Judicial interviene cuando hay controversias sobre derechos, no para definir cómo se implementa un programa del Estado”, expresó.

Los próximos pasos

El fiscal explicó que la Provincia aún debe contestar formalmente la demanda de amparo, cuyo plazo vence este viernes.

Posteriormente, el juez deberá resolver la cuestión de fondo y esa decisión también podrá ser apelada ante el Superior Tribunal de Justicia.

Finalmente, Rodríguez Signes destacó que el Gobierno acatará las resoluciones judiciales mientras continúe el proceso.

“El hecho de que apelemos la decisión significa que no estamos de acuerdo, pero la acatamos. Ahora será la Justicia la que deberá resolver la cuestión de fondo”, concluyó.