El conflicto social en Bolivia continúa en escalada tras más de 40 días de protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, en un contexto marcado por denuncias de represión, crisis económica y creciente malestar social.

Durante las manifestaciones, se registraron episodios de violencia en distintas regiones del país. Según relató la periodista Ruesgas, en San Julián fuerzas policiales y militares intervinieron para levantar bloqueos y controlar las protestas. Además, denunció que, en algunos casos, efectivos de seguridad habrían colaborado con grupos parapoliciales. “Mostraron cómo la policía y militares estaban resguardando y proveyendo herramientas a agrupaciones paramilitares”, afirmó.

El trasfondo del conflicto está fuertemente vinculado a la situación económica. De acuerdo con la periodista, el gobierno intentó implementar un plan de ajuste que generó un amplio rechazo social. “En diciembre buscó imponer un plan muy al estilo de Milei en Argentina, una receta que también se asocia a políticas impulsadas por Trump”, señaló.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra el aumento del precio de los combustibles. Según indicó, la gasolina duplicó su valor y presenta problemas de calidad. “Los sectores transportistas la llaman ‘gasolina basura’ porque ha dañado vehículos”, sostuvo.

En este escenario, el aumento del costo de vida, la escasez de insumos y las dificultades económicas profundizaron la desconfianza hacia el gobierno.

Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que las protestas estarían impulsadas por sectores vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Sin embargo, esta postura fue rechazada por distintos actores sociales. “Es un intento de deslegitimar la movilización y desconocer el malestar real que existe”, afirmó Ruesgas.

La periodista remarcó además que las manifestaciones exceden a cualquier liderazgo político individual y responden a un reclamo social amplio. “Son movilizaciones mucho más profundas, no dependen de una sola figura”, explicó.

En paralelo, crece la preocupación por una posible escalada del conflicto. Ruesgas comparó la situación actual con episodios históricos como la Guerra del Agua y la Guerra del Gas, que derivaron en crisis políticas de gran magnitud.

Según denunció, ya se registraron al menos siete muertes en el marco de la represión, además de detenciones de dirigentes sociales que calificó como irregulares. “Hay modalidades de secuestro en algunos procedimientos”, advirtió.

Mientras continúan las convocatorias a marchas y cortes de rutas, la posibilidad de que el gobierno avance con un estado de excepción genera alarma en distintos sectores.

“El gobierno intenta inclinar la balanza en un escenario muy inestable, pero la movilización social sigue firme. La situación es realmente muy delicada”, concluyó la periodista.