El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación en el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional con el objetivo de agilizar los procesos de compras, licitaciones y adjudicaciones de bienes y servicios.

La medida fue establecida mediante el Decreto 427/2026, publicado en el Boletín Oficial, y redefine las competencias de los funcionarios que intervienen en los procedimientos de contratación, además de actualizar los montos que determinan qué autoridades pueden autorizar, aprobar o adjudicar cada operación.

Según se explicó en los fundamentos de la norma, la iniciativa busca simplificar los trámites administrativos, reducir demoras y otorgar mayor operatividad a la gestión estatal.

Amplían facultades de funcionarios

Uno de los principales cambios consiste en la ampliación de atribuciones para directores, directores nacionales, subsecretarios y responsables de las Unidades Operativas de Contrataciones, quienes podrán intervenir en distintas etapas de los procedimientos sin necesidad de elevar cada expediente a instancias superiores.

De esta manera, numerosas decisiones que antes requerían la aprobación de secretarios, ministros o incluso de la Jefatura de Gabinete podrán resolverse en niveles administrativos inferiores, siempre respetando los límites establecidos por las nuevas escalas económicas.

La actualización también alcanza las facultades vinculadas a la aprobación de gastos, adjudicación de contrataciones y autorización de desembolsos dentro de la administración nacional.

Buscan reducir la burocracia

Desde el Ejecutivo señalaron que la modificación responde a la necesidad de adecuar el sistema a la estructura actual del Estado y optimizar la utilización de los recursos públicos.

En los considerandos del decreto se indica que la medida apunta a “agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión de los procedimientos de selección”, evitando demoras generadas por circuitos administrativos extensos.

La iniciativa se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Gobierno para reducir cargas burocráticas y acelerar los tiempos de respuesta en distintas áreas de la administración pública.

Nuevas escalas de intervención

El decreto también actualiza las escalas económicas que determinan qué funcionario debe intervenir en cada contratación, con el objetivo de descentralizar decisiones y facilitar la ejecución de programas y políticas estatales.

Según la nueva distribución de competencias:

• Los titulares de las Unidades Operativas de Contrataciones podrán intervenir en procedimientos de hasta 1.000 módulos.
• Los directores simples tendrán facultades para contrataciones de hasta 3.000 módulos.
• Los directores nacionales y generales podrán autorizar operaciones de hasta 15.000 módulos.
• Los subsecretarios estarán habilitados para intervenir en contrataciones de hasta 50.000 módulos.

Por encima de esos montos, las decisiones continuarán bajo la órbita de secretarios, ministros o de la Jefatura de Gabinete, según corresponda.

La nueva normativa entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será aplicada a todos los organismos comprendidos dentro de la Administración Pública Nacional.