El Gobierno nacional envió al Congreso dos proyectos de ley para reformar la normativa de salud mental y modificar el régimen de pensiones por invalidez, en un intento por reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Las iniciativas fueron firmadas por el presidente Javier Milei tras ser analizadas en una reunión de la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El primero de los proyectos propone cambios en la Ley de Salud Mental con el objetivo de actualizar el marco normativo, mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y fortalecer la prevención y los tratamientos. Desde el Ministerio de Salud señalaron que la iniciativa busca corregir limitaciones actuales, especialmente en situaciones de riesgo y emergencia.

Entre las modificaciones, se plantea reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por definiciones basadas en estándares internacionales, incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento. También se redefinen los criterios para internaciones involuntarias, ampliando la consideración de riesgo a casos que puedan afectar la vida o la integridad de la persona o de terceros.

El proyecto establece que la internación debe ser excepcional, con evaluaciones interdisciplinarias y control judicial en plazos determinados. Además, amplía las opciones de atención en instituciones públicas y privadas y considera discriminatorio el rechazo de pacientes por motivos de salud mental.

En paralelo, el Ejecutivo presentó una reforma vinculada a las pensiones no contributivas por invalidez, con foco en prevenir y sancionar posibles fraudes en el sistema. Según datos oficiales, el crecimiento de estos beneficios en las últimas décadas generó cuestionamientos sobre su otorgamiento.

La iniciativa incluye auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos públicos y la posibilidad de suspender prestaciones ante irregularidades. También propone un reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los beneficiarios.

Finalmente, el proyecto establece que la pensión por invalidez equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y fija incompatibilidades con el empleo formal, con el objetivo de ordenar el sistema y optimizar el uso de los recursos públicos.