El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, incrementó más de 1.800% los fondos destinados a gastos reservados y no especificados, en el marco de una reforma de la Policía Federal que se llevó adelante por decreto, sin debate legislativo. El crecimiento se concentra especialmente en la categoría presupuestaria denominada “Otros n.e.p.” (no especificado previamente), que pasó de $2.600 millones en enero a casi $49.000 millones, sin que se conozca el destino concreto de esos fondos.
El nuevo esquema otorga mayores facultades a la Policía Federal, incluyendo ciberpatrullajes, detenciones de hasta 10 horas sin orden judicial y requisas sin criterios claros, lo que encendió las alarmas de organismos de derechos humanos, jueces y constitucionalistas. Además, se avanza con la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con fuerte impronta en tareas de inteligencia.
Desde el CELS denunciaron que el decreto criminaliza acciones que antes no eran delito, como ciertas protestas o reuniones políticas, que podrían ser consideradas actos de terrorismo. A su vez, el Gobierno negó reiteradamente el acceso a la información pública sobre las estructuras y funciones de los cuerpos de inteligencia de las fuerzas federales.
Pese a las órdenes judiciales que le exigen mayor transparencia, el Ministerio de Seguridad evitó responder sobre el uso de los fondos y el funcionamiento del nuevo sistema. La Justicia recordó que ni siquiera las actividades de inteligencia están exentas de los principios de publicidad y control democrático.
FUENTE: ÁMBITO
