Intendentes advierten un impacto económico “devastador” ante la prohibición de incluir tributos locales en las boletas de servicios públicos.
A través del decreto N° 450/2025, el Gobierno Nacional oficializó modificaciones al Régimen de Energía Eléctrica (Ley 15.336) y al Marco Regulatorio Eléctrico (Ley 24.065), con el objetivo de avanzar hacia un mercado eléctrico “competitivo, abierto y transparente”. La norma, dictada en el marco del artículo 162 de la Ley de Bases, sienta las bases para una reforma estructural que, según el Ejecutivo, beneficiará al usuario final e impulsará el rol del sector privado.
Una de las disposiciones centrales del decreto es la prohibición del cobro de tributos municipales o provinciales a través de las boletas de servicios públicos, lo que ya genera fuerte preocupación entre intendentes de distintas provincias. El gobierno de Javier Milei sostiene que las facturas de luz, gas y agua deben reflejar únicamente el costo real de los bienes y servicios consumidos, y no incluir tasas locales u otros cargos ajenos.
Advertencias desde los municipios
Desde el interior del país, varios jefes comunales ya manifestaron su rechazo a la medida, al considerar que traslada el costo político a provincias y municipios, en un contexto de caída en la recaudación local.
“El gobierno nacional desvía la discusión real que se debe dar acerca de cuánto vale la energía y por qué la distribuidora nacional nos compra a los entrerrianos a determinado precio y nos la revende cinco veces más cara”, expresó el intendente de San José y presidente del PJ del departamento Colón, Gustavo Bastian. “La medida genera un conflicto directo con los vecinos”, agregó.
Municipios advierten que, a raíz de la crisis económica, ya registran una caída del 30% al 40% en el cobro de tasas municipales, y que esta decisión podría agravar la situación, afectando directamente los servicios públicos que prestan.
Riesgo de sanciones
Además, la resolución 267/2024 faculta a las empresas distribuidoras a aplicar sanciones o cortar el suministro eléctrico a aquellas prestatarias provinciales que no cumplan con esta normativa. “Hay una ley provincial vigente, y este DNU no puede estar por encima de esa normativa. Lo que todos los intendentes le manifestamos al gobernador es el impacto económico devastador que esto representa”, señaló Bastian.
Propuestas en discusión
En ese marco, el gobernador propuso modificar el esquema actual: reducir la contribución del 8,69% incluida en las facturas al valor de distribución, bajándola al 6%. También se planteó estandarizar las tasas municipales —que actualmente varían entre el 8% y el 16%, según el municipio— a un rango del 12% o 13%. Esta última iniciativa generó controversias, ya que algunos intendentes advierten que esa reducción dejaría a muchos municipios sin los fondos necesarios para sostener sus servicios básicos.
Mientras tanto, el conflicto entre Nación, provincias y municipios por el financiamiento del sistema eléctrico sigue abierto, con fuertes repercusiones en las arcas locales y en la relación con los usuarios.
Con información de Uno y Entre Ríos Ahora.
