El Gobierno argentino solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la suspensión urgente del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación advierte sobre posibles daños ambientales irreversibles y cuestiona que se avance con la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

El planteo fue realizado durante la primera jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania. La delegación argentina, encabezada por el embajador y director general de la Consejería Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, expuso ante los 21 jueces del organismo los fundamentos jurídicos para solicitar medidas provisionales mientras continúa el proceso de arbitraje internacional.

Durante su exposición, Oyarzábal sostuvo que la extracción de hidrocarburos tendría consecuencias definitivas. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, afirmó. También señaló que la perforación modificaría de manera permanente el lecho y el subsuelo marino, por lo que una compensación económica posterior no alcanzaría para reparar el daño.

El proyecto petrolero y el reclamo argentino

La presentación argentina sostiene que el Reino Unido autorizó unilateralmente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las Islas Malvinas, pese a que la soberanía del territorio continúa en disputa.

Como respaldo jurídico, la delegación citó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el diferendo.

El proyecto Sea Lion es desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Según lo expuesto ante el Tribunal, contempla un período de explotación de aproximadamente 35 años y la posibilidad de perforar hasta 23 pozos de producción.

Las autoridades británicas habían anunciado inicialmente que las perforaciones comenzarían a principios de 2027. Sin embargo, luego modificaron el cronograma y establecieron como nueva fecha el 21 de marzo de ese año.

La advertencia por el impacto ambiental

Otro de los ejes del reclamo argentino fue el riesgo ambiental. La delegación recordó un antecedente ocurrido en abril de 2015, cuando se produjo una falla en un preventor de reventones durante la perforación de un pozo exploratorio en la zona.

Además, presentó información de los planes de contingencia de las empresas licenciatarias, que estiman hasta un 30% de probabilidad de que un derrame o reventón en Sea Lion alcance aguas continentales argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.

Oyarzábal advirtió que, ante un eventual accidente, Argentina podría sufrir las consecuencias ambientales y económicas de una actividad que se desarrolla en un área cuya soberanía reclama.

Tras la exposición argentina, fue el turno de la representación del Reino Unido, que presentó sus argumentos frente al reclamo. Este miércoles se desarrolla la segunda y última jornada de audiencias.

La decisión del Tribunal sobre las medidas provisionales será clave para determinar si puede frenarse el avance del proyecto mientras continúa el proceso internacional.