La comisión del Senado de Entre Ríos emitió dictamen favorable al proyecto que busca reglamentar dos artículos de la Constitución provincial vinculados con la ética pública y la transparencia. El abogado Héctor Sagasti analizó los principales puntos de la iniciativa y advirtió sobre los desafíos que implicará su implementación y control.

Durante una entrevista, Sagasti destacó como un aspecto positivo que se avance en la reglamentación de normas que, hasta el momento, no contaban con las disposiciones necesarias para su aplicación efectiva. También valoró que el proyecto alcance a funcionarios de los tres poderes del Estado, además de autoridades de organismos descentralizados y gobiernos municipales.

Uno de los puntos centrales es la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales dentro de los 30 días posteriores a la asunción y al finalizar el ejercicio del cargo. Según explicó el abogado, la medida apunta a fortalecer la transparencia en el manejo de los bienes y fondos públicos.

Sin embargo, Sagasti señaló que será fundamental establecer mecanismos de control efectivos. Advirtió que, sin personal suficiente, funciones específicas y presupuesto adecuado, las declaraciones podrían convertirse en una formalidad sin capacidad real para detectar irregularidades o incompatibilidades.

INCOMPATIBILIDADES Y CARGOS PÚBLICOS

Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la regulación de las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. Según lo analizado durante la entrevista, la iniciativa establece restricciones para quienes desempeñen más de un cargo estatal y contempla la necesidad de renunciar a una función para asumir otra, en lugar de recurrir a licencias o adscripciones.

En cuanto a la actividad privada, Sagasti planteó algunos interrogantes sobre el alcance de las restricciones. Indicó que, según una primera lectura del texto, ciertas incompatibilidades estarían vinculadas con el área en la que se desempeña el funcionario, lo que podría dejar situaciones fuera de una prohibición más amplia.

El abogado aclaró que su evaluación fue preliminar, ya que el documento aprobado en comisión tiene varias decenas de páginas y requiere un análisis más detallado.

CÓMO SIGUE EL TRÁMITE LEGISLATIVO

El dictamen favorable no implica que la ley haya sido aprobada definitivamente. El proyecto deberá ser tratado en el recinto del Senado y, si obtiene la aprobación, volverá a la Cámara de Diputados, debido a las modificaciones introducidas respecto del texto original.

Una vez que ambas cámaras acuerden la redacción definitiva y se complete el procedimiento correspondiente, la norma podrá avanzar hacia su entrada en vigencia.

Sagasti consideró que la iniciativa representa un avance en materia de transparencia institucional, aunque remarcó que su efectividad dependerá de los controles que se implementen y de la claridad con la que se definan las incompatibilidades para los funcionarios públicos.