En una reciente audiencia, Antonio Vitale, un experito balístico del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, confesó su participación en delitos similares a los que lo llevaron a recibir una condena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en 2018. El nuevo caso involucra la sustracción y comercio de armas bajo custodia del poder judicial.

Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 en el juzgado de instrucción de Concepción del Uruguay. Las autoridades de este juzgado enviaron un conjunto de armas a Vitale para ser peritadas, incluyendo una escopeta y tres carabinas con mira telescópica. Sin embargo, las armas no fueron devueltas al juzgado cuando se solicitó. Se inició una investigación que reveló que, además de quedarse con las armas, Vitale falsificó documentación para encubrir su desaparición, creando un funcionario policial inexistente para confundir a las autoridades judiciales.

La condena en 2018 incluyó delitos como amenazas simples, peculado, sustracción de objetos destinados a servir de prueba en modalidad de delito continuado y provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.

Este caso conmocionó al poder judicial y a la comunidad, ya que Vitale era una figura destacada cuyas pericias balísticas a menudo eran elementos cruciales en audiencias judiciales relacionadas con delitos de armas de fuego.

En la audiencia reciente, Vitale llegó acompañado de su abogado Iván Bernengo para llegar a un acuerdo de juicio abreviado, reconociendo su participación en los hechos. El acuerdo requiere que Vitale acepte una pena única de 12 años de prisión. El tribunal de juicio de apelaciones, integrado por Gervacio Labriola, Alejandro Canepa y Walter Caraballo, considerará este acuerdo y emitirá su resolución en el plazo previsto por la ley.