Un paso más en la ofensiva autoritaria. Esta vez el ataque antiderechos que dispara contra la democracia ha venido desde la Corte Suprema. En un fallo propio de jueces al servicio de una dictadura, los cinco magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema han prohibido el derecho a la protesta. Se califica como delito incluso la protesta pacífica.

Esta decisión judicial que criminaliza un derecho fundamental en la democracia se da en el contexto de una grave crisis política y social, con más de 60 muertos -49 de ellos por disparos de las fuerzas de seguridad- en las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales. El gobierno que ha reprimido brutalmente las protestas sociales, ahora encuentra una forma de escudarse en una cobertura legal para justificar y continuar esa represión.