En el marco del inminente tratamiento definitivo de la Ley de Modernización Laboral, el abogado Héctor Sagasti realizó un análisis sobre los principales cambios que introduce la norma y su impacto tanto en empleadores como en trabajadores.

El letrado aclaró que, si bien la sanción es prácticamente un hecho, el texto aún podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley. “No va a ser mañana, pero va a ser”, señaló, en referencia al proceso legislativo que aún resta completar.

¿A quién beneficia la nueva ley?

Consultado sobre si la reforma representa una mejora para los distintos sectores, Sagasti fue categórico: “¿Es mejor para los empleados? No. ¿Es mejor para los empleadores? Sí, pero no cambia radicalmente la ecuación”.

Explicó que la reforma se aplicará únicamente a trabajadores del sector privado en relación de dependencia, sin impacto sobre empleados públicos ni sobre trabajadores informales.

“Industria del juicio”: ¿mito o realidad?

Uno de los ejes del debate es la llamada “industria del juicio”. Sagasti sostuvo que el fenómeno existe, pero de manera concentrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

Según detalló, en esos distritos las cámaras laborales fijan criterios propios de actualización de créditos que, sumados a la alta inflación y a procesos judiciales que pueden extenderse durante años, derivan en sentencias con montos finales elevados.

En cambio, en provincias como Entre Ríos, los juzgados laborales aplican mayoritariamente la tasa activa del Banco Nación, lo que genera diferencias en los cálculos finales.

La nueva ley unifica el criterio de actualización: establece que los créditos laborales deberán ajustarse por IPC más un 3% anual, limitando así la discrecionalidad en la aplicación de tasas.

Cambios en indemnizaciones

Uno de los puntos centrales es la modificación en el cálculo de indemnizaciones por despido sin causa.

Hasta ahora, se tomaba como base un mes de sueldo por cada año trabajado, incluyendo conceptos como el aguinaldo proporcional y otros adicionales. Con la reforma, la base será la “remuneración normal, habitual y mensual”, dejando afuera el aguinaldo y otros conceptos no mensuales, como bonos extraordinarios o ciertos beneficios en especie.

Para Sagasti, este cambio reduce el monto final de las indemnizaciones y otorga mayor previsibilidad a los empleadores.

Paritarias por empresa

La norma también modifica el orden de prelación de los acuerdos colectivos. A diferencia del esquema actual —que prioriza convenios por actividad o rama—, la nueva ley dará prioridad a acuerdos paritarios celebrados a nivel empresa.

Esto permitirá que cada empresa negocie condiciones específicas con la representación sindical local, incluso si difieren del convenio nacional de la actividad.

Impacto en la informalidad

Respecto del trabajo no registrado, Sagasti fue claro: “El impacto es cero”. Al tratarse de una ley que regula relaciones laborales formales, no modifica la situación de quienes trabajan en negro.

Tampoco prevé un “blanqueo masivo” inmediato. Según el abogado, una eventual mejora en la formalización dependerá más de un repunte económico y de una eventual simplificación del esquema impositivo que de la reforma laboral en sí.

Contexto económico

El análisis también incluyó el escenario macroeconómico actual, con sectores como minería y energía en expansión, pero con amplias áreas de la economía aún en recesión.

En ese marco, Sagasti consideró que la reforma puede aportar previsibilidad, pero no será por sí sola un motor determinante de generación de empleo.

Finalmente, el letrado puso a disposición sus canales de contacto para asesoramiento en materia civil, comercial y laboral.