La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, habilitando cambios clave en la protección de estas áreas y permitiendo, entre otros puntos, el desarrollo de actividades mineras en zonas periglaciares.

La modificación, que ya contaba con media sanción del Senado y fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, introduce un cambio central: limita la protección estricta únicamente a los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

Hasta ahora, la Ley 26.639 —sancionada en 2010— establecía una protección amplia sobre estos ecosistemas, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Además de los glaciares, incluía a las zonas periglaciares, fundamentales para la regulación hídrica y la biodiversidad.

Con la reforma, se habilita la posibilidad de realizar actividades productivas y extractivas en áreas que antes estaban protegidas de manera general. Este cambio generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre posibles riesgos para los reservorios de agua.

Otro punto clave es el mayor protagonismo de las provincias, que ahora podrán definir sus propios criterios para determinar qué zonas proteger. Esto implica un corrimiento del enfoque nacional hacia un esquema más descentralizado, donde cada distrito tendrá mayor margen de decisión.

En esa línea, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dejará de tener un rol central en la definición científica de las áreas protegidas y pasará a cumplir una función principalmente registral.

Además, la reforma modifica el sistema de prohibiciones vigente: se pasa de un esquema general a uno basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo la órbita provincial, lo que podría habilitar más actividades en territorios sensibles.

Mientras tanto, se mantendrá el principio precautorio de forma transitoria: todos los glaciares y áreas periglaciares incluidos en el inventario nacional seguirán protegidos hasta que las autoridades determinen si cumplen o no con las funciones hídricas establecidas.

Desde el Gobierno, sostienen que la reforma busca ordenar la normativa, evitar interpretaciones ambiguas y fortalecer el federalismo ambiental. Sin embargo, el debate sigue abierto, con fuertes críticas por el posible impacto sobre el ambiente y los recursos hídricos del país.