El TOF de Paraná rechazó la suspensión del juicio a prueba para tres apicultores acusados de provocar un incendio que afectó seis mil hectáreas del Delta del Paraná.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, presidido por la jueza Noemí Berros, rechazó este jueves el pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) presentado por la defensa de los apicultores Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales. Los tres están acusados de haber provocado un incendio de gran magnitud en el Delta del Paraná el 23 de agosto de 2022.

La decisión fue oficializada mediante la resolución N° 75/25, en la que el TOF adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general José Ignacio Candioti. “En un caso como el presente, donde la imputación refiere a conductas que derivaron en incendios de grandes dimensiones con peligro para el bien común, el conflicto penal tiene la entidad suficiente para resolverse en juicio oral y público”, sostuvo Candioti.

El juicio oral se realizará en la ciudad de Victoria los días 29 y 30 de mayo, y 12 y 13 de junio. Participarán más de 15 testigos, entre ellos especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el segundo proceso judicial relacionado con los incendios en el Delta: el primero, en noviembre de 2023, terminó con condenas a dos personas por quemas intencionales en islas cercanas.

Los imputados enfrentan cargos por estrago doloso, delito tipificado en el artículo 186 del Código Penal, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión cuando se generan incendios u otros actos que impliquen peligro común. Según la acusación, el incendio se inició antes de las 12:45 del 23 de agosto de 2022, en la zona del Arroyo El Tigre, Islas Lechiguanas, departamento Gualeguay, y arrasó unas seis mil hectáreas, según un relevamiento de la Prefectura Naval Argentina.

Candioti subrayó que la probation está reservada para delitos de escasa lesividad, lo que no se aplica al presente caso. Además, destacó la gravedad de los daños ambientales y sociales ocasionados por el fuego, cuyas consecuencias llegaron hasta Rosario y Buenos Aires, afectando la salud de la población por la propagación de cenizas. Durante el juicio se proyectarán videos que documentan la destrucción en los humedales.

“La protección de estos ecosistemas es primordial, ya que permiten el mantenimiento de la biodiversidad, la paliación de inundaciones, el combate al cambio climático y la provisión de agua”, explicó el fiscal. También recordó que el Estado Nacional tiene un compromiso constitucional con la tutela del ambiente, de cara a las actuales y futuras generaciones.

La jueza Berros respaldó estos argumentos al rechazar la probation. “Solamente a través del debate oral y público podrá resolverse la verdadera participación de los incursos en una cuestión tan trascendente como lo es la vinculada al resguardo del medio ambiente”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la resolución no es definitiva, y que la defensa podría volver a solicitar el beneficio si, al momento de la sentencia, el fiscal solicitara una pena de ejecución condicional.

Esta nueva causa reaviva la alarma por la situación crítica del humedal del Delta, un ecosistema vital para el equilibrio ambiental regional que sufre una acelerada degradación.