A través del decreto N° 1391, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso la suspensión de cualquier tipo de actualización de haberes, salarios y conceptos remunerativos para funcionarios y personal fuera de escalafón del Sector Público Provincial, a partir del 1° de julio. La medida abarca a la Administración Central, organismos descentralizados, entes autárquicos y autónomos, así como a sociedades y empresas del Estado.
El decreto, firmado también por los ministros Manuel Troncoso (Gobierno) y Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas), fundamenta la decisión en “la caída real de los ingresos nacionales coparticipables, la eliminación de múltiples transferencias del gobierno nacional a la provincia y los vencimientos de los pagos de los servicios de la deuda en los próximos meses”, entre otros compromisos que afectan de forma directa a las cuentas públicas.
En los considerandos también se menciona que “el mantenimiento del equilibrio fiscal resulta un deber del Estado consagrado en el artículo 35º de la Constitución provincial”, lo que obliga a adoptar medidas en todos los ámbitos del Estado “con el objetivo de continuar con la atención de las obligaciones fundamentales”.
El decreto invita a las autoridades de entes descentralizados, autárquicos y autónomos, así como a las sociedades y empresas del Estado, a adherir a la medida. También se solicita a los poderes Legislativo y Judicial que acompañen el esfuerzo con decisiones similares en sus respectivas jurisdicciones.
En el caso del Poder Judicial, la situación presenta una complejidad adicional: rige la denominada “Ley de Enganche”, que establece la actualización automática de haberes según lo que determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual podría dificultar la adhesión al congelamiento dispuesto por el Ejecutivo provincial.
