La Justicia federal de La Plata ampliará desde el próximo jueves las indagatorias a los 14 imputados por la producción y distribución de fentanilo contaminado, en una causa que ya vincula al menos 111 muertes y es considerada la peor tragedia sanitaria del país.

El juez Ernesto Kreplak dispuso nuevas declaraciones tras la incorporación de pruebas que agravaron el cuadro judicial de los acusados, en su mayoría vinculados a las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las audiencias se desarrollarán entre el 16 y el 21 de abril y podrían derivar en imputaciones más severas.

Inicialmente, los procesados habían sido acusados por 20 fallecimientos, pero los peritajes del Cuerpo Médico Forense y el análisis de historias clínicas ampliaron el número de víctimas fatales, además de detectar decenas de pacientes con secuelas graves.

La investigación apunta a delitos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte y pone el foco en graves fallas en los procesos de producción, control y almacenamiento de los medicamentos. La expectativa de pena para los acusados va de 10 a 25 años de prisión.

Entre los principales imputados se encuentran los responsables de las empresas, directivos y técnicos encargados de la fabricación y liberación de los lotes. Cuatro de ellos permanecen detenidos, mientras que otros cumplen prisión domiciliaria o fueron procesados sin preventiva.

La causa se inició en mayo de 2025, luego de que la ANMAT detectara irregularidades y prohibiera el uso de los productos tras las primeras muertes registradas en La Plata. Estudios posteriores confirmaron la presencia de bacterias en las ampollas, lo que evidenció contaminación en el proceso productivo.

Además, pericias y chats internos incorporados al expediente revelaron condiciones precarias, uso de insumos vencidos y falta de controles adecuados en los laboratorios, lo que para los investigadores demuestra un funcionamiento irregular y riesgoso.

En paralelo, la ANMAT dispuso la baja definitiva de las habilitaciones de las empresas involucradas, con el objetivo de resguardar la salud pública. Tras las nuevas indagatorias y las instancias de apelación, el expediente quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral.