La causa por coacciones agravadas será elevada a juicio oral. El acusado enfrenta una posible pena de hasta seis años de prisión.

La Justicia de Paraná resolvió avanzar a juicio oral en una causa por coacciones agravadas que tiene como principal imputado a Iván Deharbe, señalado como el ejecutor de amenazas y agresiones contra un empresario local por encargo de un tercero.

La decisión fue tomada por el juez Pablo Zoff, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y la querella, al considerar que existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

Según la investigación, Deharbe habría actuado como “matón” al servicio de Gabriel Horacio Aizcorbe, en el marco de un conflicto comercial con Marcelo Fabián Andrasnik.

Amenazas y ataques

El primer hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2023, cuando Andrasnik se encontraba dentro de su vehículo en una cochera. En ese momento, el acusado lo habría amenazado, mencionando a un tercero, y rompió el vidrio del auto, provocándole lesiones leves.

Horas después, se registró una llamada anónima con amenazas dirigidas al empresario y su familia, lo que refuerza la hipótesis de un accionar coordinado.

El episodio más grave tuvo lugar el 16 de abril de 2024, cuando la víctima fue atacada frente a su domicilio por Deharbe y otro individuo. Según consta en la causa, utilizaron una maza y un hierro, provocándole heridas y traumatismos en las piernas.

Allanamiento y agravantes

Durante un allanamiento realizado el 20 de abril de 2024 por la División Robos y Hurtos en Paraná, se secuestró un revólver calibre .38 sin numeración ni autorización legal en poder del imputado.

Además, la situación judicial de Deharbe se ve agravada por antecedentes condenatorios previos.

En tanto, Aizcorbe —señalado como quien habría ordenado los ataques— ya fue condenado a fines de 2025 a tres años de prisión condicional mediante un juicio abreviado.

Camino al juicio

Con estos elementos, la causa fue elevada a juicio oral, donde se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación para determinar las responsabilidades penales.

El caso expone una trama de violencia ligada a disputas comerciales y tendrá ahora su instancia clave en el debate judicial.

FUENTE: EL ONCE