El Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Inocencia Fiscal II con 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, quedó así sancionada por el Congreso.
En la votación, los tres representantes de Entre Ríos dividieron sus posiciones: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor del proyecto, mientras que Adán Humberto Bahl, integrante del bloque Justicialista, lo rechazó.
De esta manera, la representación entrerriana aportó dos votos positivos y uno negativo a una iniciativa que fue respaldada principalmente por La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la Unión Cívica Radical y parte de los bloques provinciales. El rechazo estuvo encabezado por el bloque Justicialista y otros sectores opositores.
Qué establece la nueva ley
La norma modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y amplía el universo de contribuyentes que podrán utilizarlo. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que regían para acceder a esta modalidad.
De acuerdo con el texto aprobado, podrán incorporarse personas humanas y sucesiones indivisas con residencia fiscal en el país, independientemente de la magnitud de sus bienes o recursos. Los grandes contribuyentes también podrán utilizar el sistema para presentar y pagar el impuesto, aunque no accederán a todas las presunciones y beneficios previstos.
Otro de los cambios apunta a reducir la información que deben presentar las personas físicas y a establecer mayores límites para la fiscalización de las declaraciones juradas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Menores controles sobre las declaraciones
La legislación incorpora una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, mecanismo conocido como “tapón fiscal”. Bajo determinadas condiciones, este sistema limita la posibilidad de revisar ejercicios anteriores.
Además, se establece un nuevo parámetro para que ARCA pueda cuestionar la información declarada. Una diferencia no será considerada significativa cuando no supere un piso equivalente al 5% del monto previsto para el delito de evasión simple.
Desde el Gobierno sostuvieron que la reforma busca simplificar el cumplimiento tributario, brindar mayor seguridad jurídica y facilitar la incorporación al sistema formal de recursos que actualmente permanecen fuera del circuito declarado.
En cambio, desde el Justicialismo cuestionaron que los cambios reduzcan la capacidad del Estado para detectar inconsistencias, evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de activos.
Con la aprobación del Senado, la Ley de Inocencia Fiscal II quedó sancionada y deberá ser promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo para establecer los aspectos operativos de su aplicación.
