El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida fue adoptada a raíz de los graves incendios forestales registrados en las últimas semanas, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego provocó daños significativos sobre el patrimonio natural y puso en riesgo a poblaciones cercanas. Según el texto oficial, las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por una sequía prolongada y vientos intensos, agravaron el escenario y superaron la capacidad de respuesta de los recursos disponibles.
El decreto también declaró zona de desastre a los territorios afectados en esas provincias, en los términos de la Ley 27.287, que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. En ese marco, el Poder Ejecutivo encomendó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación del apoyo y el despliegue de los recursos necesarios para la atención inmediata de la emergencia.
Entre las funciones asignadas a la AFE se encuentran la prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales, la asistencia a las personas y familias afectadas, el apoyo a provincias y municipios para la recuperación social y productiva, y la implementación de las acciones previstas en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Estas tareas se desarrollarán de manera conjunta con los gobiernos provinciales y municipales, respetando los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Manejo del Fuego. El Ejecutivo justificó la utilización del DNU al señalar que la gravedad de la situación “hace imposible seguir el trámite legislativo habitual”, ya que un tratamiento parlamentario ordinario implicaría demoras incompatibles con la urgencia del escenario.
En ese sentido, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen para su posterior tratamiento en ambas cámaras. Desde el Gobierno remarcaron que la magnitud de los incendios, su impacto ambiental y el riesgo para la vida humana requieren una respuesta inmediata que garantice la rápida disponibilidad de recursos públicos para controlar los focos activos, restaurar las áreas dañadas y prevenir nuevos siniestros.
El DNU entra en vigencia a partir de su publicación oficial.
