La Cámara de Diputados inició una audiencia pública clave para el futuro de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por cuestionamientos al mecanismo de participación y fuertes tensiones entre oficialismo y oposición.

Aunque más de 105 mil personas se inscribieron para participar, solo 360 fueron seleccionadas para exponer, lo que generó críticas de sectores opositores y organizaciones ambientales que denuncian restricciones en el acceso al debate. El esquema prevé dos jornadas intensas: exposiciones presenciales el miércoles y modalidad virtual el jueves, con intervenciones de apenas cinco minutos por participante y sesiones que podrían extenderse por más de 15 horas.

Desde el oficialismo defienden el criterio de selección, asegurando que prioriza la representación federal con expositores de todas las provincias. Sin embargo, desde la oposición sostienen que el formato limita la participación real de la ciudadanía en una discusión de alto impacto ambiental e institucional.

Cuestionamientos y posible judicialización

El inicio de la audiencia estuvo acompañado por una ofensiva opositora. Legisladores de distintos bloques preparan una impugnación formal al considerar que el procedimiento vulnera normas constitucionales y tratados internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública.

Entre los argumentos, señalan una posible incompatibilidad con el Acuerdo de Escazú y con la Ley General del Ambiente, al entender que se restringe el derecho a una participación efectiva.

Además, advierten que el esquema contradice acuerdos previos en comisiones y no descartan presentaciones judiciales si el proyecto avanza hacia su aprobación. El oficialismo, en tanto, se respalda en un fallo reciente que rechazó una medida cautelar que buscaba suspender la audiencia, lo que le permitió sostener el cronograma previsto.

Cambios de fondo en el control ambiental

Más allá de la polémica por la audiencia, el proyecto introduce modificaciones estructurales en el sistema de control ambiental. Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo encargado del Inventario Nacional de Glaciares.

La iniciativa propone otorgar mayor protagonismo a las provincias en la delimitación de áreas periglaciares y en la evaluación de estudios de impacto ambiental. El cambio se fundamenta en el principio constitucional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales.

Sin embargo, esta modificación genera preocupación en sectores científicos y ambientales, que advierten sobre una posible flexibilización de los controles y sus consecuencias en la protección de los ecosistemas.

En este escenario, el oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo con la intención de llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas. Con un respaldo que considera suficiente para su aprobación, la reforma avanza en medio de un clima de alta conflictividad política, donde el debate técnico se cruza con una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo y el cuidado del ambiente.